La Fiscalía General de la Nación, mediante un oficio de 11 páginas, compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue oficialmente al expresidente Gustavo Petro, por el caso de Kevin Acosta.
La fiscal 51 de Responsabilidad Médica y Otros de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, pidió investigar a Petro por la presunta divulgación de información reservada de la historia clínica del menor de 7 años que murió en febrero de 2026. También solicitó estudiar su eventual responsabilidad por la muerte del menor.
En ese sentido, se pidió investigar la posible comisión de los delitos de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad, y homicidio culposo, en relación con el caso del menor Kevin Arley Acosta, quien padecía hemofilia tipo A severa y falleció el 13 de febrero de 2026.
En el documento, fechado el 3 de agosto de 2026, la fiscal 51 señala que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, se infiere razonablemente que el jefe de Estado pudo haber incurrido en una conducta punible.
Uno de los puntos centrales de la compulsa tiene que ver con las declaraciones públicas que hizo el presidente Petro después de conocerse la muerte del menor.
Según la Fiscalía, el mandatario atribuyó a la madre del niño responsabilidad por los hechos, entre otras razones, por haberse desplazado a Santander y por haber permitido que su hijo montara bicicleta.
La fiscal cuestiona esa versión y sostiene en el oficio:
“Pretendiendo justificar con esa afirmación, las fallas de la Nueva EPS, señaló que la madre del menor se negó a la intervención quirúrgica, nuevamente endilgando responsabilidades inexistentes y divulgando diferentes apartes de la historia clínica del menor”.
Para la Fiscalía, la historia clínica del menor tenía carácter reservado y su divulgación requería autorización de la madre, autorización que, según el documento, no habría sido otorgada.
De hecho, el oficio identifica como verbo rector de la conducta investigada “DIVULGAR” y señala que el presidente habría dado a conocer datos personales del menor contenidos en su historia clínica.
Uno de los apartes más contundentes de la compulsa señala:
“Acomodó la información a su conveniencia”, sostiene la Fiscalía al referirse a las declaraciones del presidente sobre la decisión de no practicarle una intervención quirúrgica al menor.
La Fiscalía explica que, aunque la madre estuvo de acuerdo con no realizar la cirugía, esa decisión habría sido adoptada en el contexto del riesgo que representaba la intervención y con participación del equipo médico tratante.
La Fiscalía también pide investigar la muerte del menor
El segundo componente de la compulsa tiene que ver con la muerte del niño y con la eventual responsabilidad de distintos funcionarios y actores del sistema de salud.
Según el documento, el menor sufrió un trauma al caer de aproximadamente 1,50 metros mientras montaba bicicleta. Debido a su hemofilia y a la falta de medicamentos y factores de coagulación, su condición se agravó hasta que finalmente falleció en Bogotá.
La Fiscalía advierte que el Hospital de Pitalito no contaba con los factores de coagulación requeridos y cuestiona que la auditora de concurrencia asignada por la Nueva EPS “nunca atendió los reiterados llamados del equipo médico ni hizo presencia en la institución hospitalaria”.
Además, señala que se habría presentado una demora en la aceptación del menor para su traslado y menciona registros que, “al parecer, fueron eliminados del sistema por parte de la Nueva EPS”.
En uno de los apartes más fuertes del documento, la Fiscalía concluye que el deterioro del menor “pudo haber sido evitado” si se hubieran cumplido determinadas obligaciones médicas y administrativas.
Por esta razón, la Fiscalía solicita que se estudie la posición de garante que habría tenido el presidente frente a las decisiones adoptadas durante la intervención de la Nueva EPS.
El oficio señala:
“La Fiscalía continúa recabando diferentes medios de prueba para llamar a imputación a los presuntos responsables del homicidio culposo donde funge como víctima el menor K.A. Acosta Pico, cada uno en calidad de autor, desde su rol funcional”.
Y agrega una solicitud directa a la Comisión de Acusación:
“Se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir a la Nueva EPS”.
Finalmente, la Fiscalía aclara que los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás información que soportan la compulsa permanecen bajo reserva legal y que serán entregados a la Comisión de Acusación para su respectivo análisis.
