Casi 18 años después de la controvertida operación financiera, la justicia colombiana puso punto final a la discusión penal del denominado caso Probolsa, relacionado con el manejo de cerca de $16.000 millones de regalías petroleras del municipio de Arauca.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra el exalcalde William Alfonso Reyes Cadena, el exsecretario de Hacienda José Andrides Córdoba García y el extesorero Andrés Aníbal Herrera Bernal, quienes fueron declarados responsables del delito de peculado por apropiación.
Los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando la administración municipal decidió invertir excedentes de liquidez provenientes de regalías petroleras en títulos de tesorería (TES). Los recursos fueron girados a Serfinco y la operación involucró a Probolsa S.A., mediante una modalidad de venta con pacto de recompra, conocida como Repo.
Durante el proceso judicial se estableció la responsabilidad penal de los tres funcionarios por el manejo de estos recursos públicos.
Las penas impuestas fueron de 165 meses de prisión para Reyes Cadena, 120 meses para Córdoba García y 100 meses para Herrera Bernal, además de multas e inhabilidades para ejercer derechos y funciones públicas.
Pero el cierre de la responsabilidad penal deja una pregunta aún más importante para los araucanos:
¿Qué pasó con los $16.000 millones?
La Corte ordenó compulsar copias a la Fiscalía para adelantar actuaciones relacionadas con la extinción de dominio y el posible resarcimiento del daño al patrimonio público.
Además, desde 2023 se habían conocido medidas cautelares sobre bienes relacionados con algunos de los condenados en Arauca, Santander y Bogotá.
Así, aunque después de casi dos décadas las condenas quedan en firme, todavía queda pendiente determinar cuánto de los recursos públicos comprometidos podrá regresar efectivamente a las arcas del municipio.
Eran regalías petroleras destinadas al desarrollo de Arauca. Hoy, casi 18 años después, la justicia responde quiénes fueron responsables, pero permanece pendiente una respuesta fundamental: cuánto dinero podrá recuperar finalmente el pueblo araucano.
