Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exministro Luis Fernando Velasco, quien se entregó a las autoridades luego que se impusiera una nueva medida de aseguramiento con detención domiciliaria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se produjo hace pocos minutos por parte del Despacho 27 de la Sala Penal, que avaló la captura de Velasco, quien se entregó el pasado martes 18 de agosto ante las autoridades en Cali (Valle del Cauca), con el fin de comparecer ante la justicia.
Antecedentes
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá impuso una medida de aseguramiento intramural contra Velasco, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación había solicitado que se le otorgara detención domiciliaria.
Posteriormente, al resolver el recurso de apelación, el alto tribunal decidió confirmar en segunda instancia la decisión de enviarlo a prisión.
Tutela
El exministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro interpuso una acción de tutela tras considerar que sus derechos habían sido vulnerados con las decisiones de primera y segunda instancia, pues la Fiscalía había solicitado una privación de la libertad en su residencia y, en cambio, se había impuesto la medida más gravosa.
El fallo amparó los derechos de Velasco y le otorgó la libertad.
Nueva medida de aseguramiento
El pasado viernes 14 de agosto, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá revisó el caso e impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Debido a esto, Velasco compareció ante las autoridades y fue capturado. Por esta razón, en la mañana de este miércoles, el Despacho 27 legalizó su captura, con el fin de dar trámite a la aplicación de la medida de aseguramiento.
Velasco está siendo procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, por su presunta participación en el supuesto direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de conseguir votos que permitieran el trámite de proyectos gubernamentales en el Congreso.
