El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad, consideradas de alto perfil y vinculadas a negociaciones de paz, como parte de las primeras decisiones de la nueva administración en materia penitenciaria.
Los traslados fueron ejecutados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que reubicó a los internos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
De acuerdo con el Gobierno, la decisión buscó fortalecer las condiciones de seguridad y evitar que las estructuras criminales utilizaran los centros penitenciarios para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades.
“La medida buscó fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”, señaló el Gobierno Nacional.
La administración de De la Espriella aseguró que la decisión hizo parte de una estrategia para recuperar el control permanente de las cárceles y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, indicó el comunicado de la Presidencia.
El Gobierno también sostuvo que el control penitenciario sería ejercido “con autoridad y dentro del marco constitucional”, y reiteró que la medida buscó garantizar el estricto cumplimiento de la ley en los establecimientos carcelarios del país.
