El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Arauca enfrenta una nueva crisis. Un presunto incumplimiento del operador del contrato amenaza con dejar sin servicio a 8.731 estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la zona urbana.
Según conoció La Voz del Cinaruco, la empresa Servicios y Suministros de Oriente OM S.A.S., responsable de ejecutar el contrato de suministro No. 256 de 2026, habría incumplido desde hace más de 18 meses con el pago del canon de arrendamiento de la planta de procesamiento de alimentos utilizada para la preparación de las raciones escolares.
La situación habría llevado al propietario de la infraestructura a considerar acciones judiciales e incluso medidas de hecho para reclamar el dinero adeudado, escenario que pondría en inminente riesgo la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en el municipio.
El contrato, suscrito con la Alcaldía de Arauca, tiene un valor de 4.683 millones de pesos y contempla el suministro de alimentación para 8.731 estudiantes de más de 20 sedes educativas oficiales urbanas durante 77 días calendario.
De concretarse la suspensión de las operaciones en la planta donde se preparan los alimentos, miles de niños, niñas y adolescentes podrían quedarse sin uno de los principales apoyos para su permanencia en las aulas.
Un operador con antecedentes disciplinarios
La situación cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que Servicios y Suministros de Oriente OM S.A.S. ya había sido objeto de observaciones por parte de los organismos de control dentro de otro proceso contractual relacionado con el Programa de Alimentación Escolar.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Marcos Eulises Barón Ortiz, entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Arauca, y Yomy Vanessa Espinel Durán, secretaria del despacho de la Secretaría de Hacienda, por presuntas irregularidades en el proceso de selección mediante el cual fue escogida esta empresa como operador del PAE.
Según el Ministerio Público, durante la evaluación de la propuesta se habrían aceptado indicadores financieros correspondientes al año 2021, pese a que la normatividad vigente exigía acreditar la información del último año fiscal (2022), circunstancia que, presuntamente, desconoció los principios que rigen la contratación estatal.
Como consecuencia de esas actuaciones, la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible responsabilidad del entonces alcalde del municipio de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos.
Crece la preocupación
Mientras las diferencias entre el operador y el propietario de la planta de procesamiento continúan sin resolverse, aumenta la incertidumbre entre la comunidad educativa por el riesgo de una eventual suspensión del servicio.
De materializarse esta situación, los principales afectados serían los 8.731 estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, quienes dependen diariamente de este apoyo nutricional para garantizar su permanencia y rendimiento en las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca.
