El ministro del Interior Alfonso Prada radicó en la Secretaría General del Senado el proyecto de acto legislativo con el que el Gobierno busca reformar la constitución política. Se generaron bastantes críticas por la demora en la radicación, que pone incluso en riesgo los tiempos para su aprobación, pero se debió a algunos cambios finales.
En primera medida, la iniciativa busca que las listas para Congreso y demás corporaciones públicas sean cerradas y paritarias: 50% hombres y 50% mujeres. También propone que la financiación de las campañas sea 100% estatal, para evitar corrupción y financiación de sectores económicos que se traduzcan después en intereses que defender.
Con esta reforma constitucional, la edad para ser congresista bajaría de 25 años a 18 en caso de representante a la Cámara, y de 32 años a 25 para ser senador. «Este es un mensaje de confianza enorme en la juventud colombiana, que es bastante responsable de que Gustavo Petro sea hoy presidente de Colombia», reconoció el ministro Prada.
De otra parte, con el texto radicado se busca quitarle competencias a la Procuraduría para sancionar a funcionarios electos por voto popular. El caso reciente más sonado fue la suspensión al alcalde de Medellín, Daniel Quintero; esto no se repetiría, sino que pasaría a ser competencia judicial: es decir, la decisión la tendría un juez penal.
Se confirmó uno de los puntos que había anticipado Caracol Radio en primicia, y es el de permitirle a congresistas pasar a ser ministros. Este artículo, que eliminaría la inhabilidad una vez presenten su renuncia al Congreso, les permitiría también aspirar para alcaldes y gobernadores, pero el requisito principal será el haber sido elegido mediante lista cerrada.
«Ustedes han visto congresistas expertos en diversidad de temas como medioambiente, finanzas públicas o el sector agro. Lo que creemos en el Gobierno es que esos cerebros, esa experiencia, bien vale la pena tener la posibilidad de tenerla en el ejecutivo. Además, si son listas cerradas, esa ausencia podrá ser llenada por la coherencia de la lista (es decir, el que siga en esa lista, que no haya alcanzado el umbral)», explicó el ministro.
Con la reforma se abrirá nuevamente el debate del transfuguismo: que se pueda pasar de un partido a otro sin problema. En esta ocasión se propone, sin embargo, que sea por una única vez, y se permitiría solo a partir del segundo mes después de iniciado el periodo de la corporación pública, en este caso el Congreso.
Hablando del legislativo, otro de los puntos que busca abarcar el Gobierno es el de la reelección de congresistas. Solo podrían ser parlamentarios durante dos periodos, pero esto no tendría retroactividad. Es decir, si se aprueba el proyecto, el conteo iniciaría a partir del 2026 (cuando llegue el próximo Congreso), y no tendrían problema para volver a aspirar quienes lleven una alta cantidad de periodos actualmente.
Pese a que la creación de una Corte Electoral, que iba a reemplazar progresivamente al CNE, era uno de los puntos que inicialmente tenía la reforma, al final ese aspecto quedó por fuera. No obstante, este cambio sí se quiere hacer, pero se impulsará a través de otras iniciativas de origen legislativo.
El tema de los tiempos es la mayor preocupación del Gobierno y su bancada parlamentaria frente a la reforma. Quedan 12 semanas para que termine el periodo legislativo actual y la meta es que supere los primeros cuatro debates antes, finalizando noviembre es la fecha ideal. De lo contrario su aprobación podría verse comprometida, pues para superar los 8 debates requeridos solo tiene un año de plazo.
La iniciativa comenzará su discusión en la Comisión Primera del Senado, pasará a la Plenaria de esa corporación, y de ahí llegará a la Cámara para hacer ese mismo recorrido. Eso será la primera vuelta, que deberá lograrse de aquí al 16 de diciembre, o de lo contrario los tiempos no le darán a la reforma.
