La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó la ponencia que proponía archivar la investigación contra el exsenador araucano José Vicente Carreño Castro, permitiendo que continúe el proceso judicial por la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban Alarcón, ocurrida hace más de 23 años en el municipio de Tame, Arauca.
La magistrada Cristina Lombana había presentado un proyecto de decisión en el que planteaba precluir el expediente al considerar que no existían elementos suficientes para mantener abierta la investigación. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la Sala no compartió esa posición y resolvió que el proceso debe seguir adelante.
La investigación se relaciona con los hechos ocurridos la noche del 6 de febrero de 2003, cuando un grupo de aproximadamente veinte hombres armados, identificados como integrantes del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpió en un establecimiento comercial del barrio La Unión, en Tame.
Según el expediente, los hombres, vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y tras realizar disparos al aire, sacaron por la fuerza a Alejandro Santiesteban Alarcón, junto con Otoniel Díaz Cepeda y Luis Elicio. Desde entonces, el paradero de Santiesteban continúa siendo desconocido.
Con esta determinación, la Corte descartó cerrar anticipadamente uno de los procesos relacionados con la violencia paramilitar que golpeó al departamento de Arauca y dejó claro que las investigaciones deberán continuar hasta establecer si existen responsabilidades penales.
No obstante, el expediente cambiará de manos. Debido a que José Vicente Carreño Castro perdió su fuero constitucional al dejar de ser congresista, la Corte Suprema remitirá el caso a la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación y definirá las actuaciones judiciales que correspondan.
La decisión mantiene vigente un proceso que lleva más de dos décadas sin una resolución definitiva y representa un nuevo paso en la búsqueda de verdad y justicia por uno de los casos de desaparición forzada registrados durante la expansión del paramilitarismo en Arauca.
Hasta la fecha, no existe una decisión judicial de fondo sobre la responsabilidad penal del exsenador. La investigación continúa abierta y será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar el rumbo del proceso.
