Luego de ser suspendido el decreto 0030 del 19 de enero de 2026, el cual buscaba eliminar la prima especial de servicios que le era entregada a los congresistas, que tenía un valor aproximado de $16.9 millones de pesos (COP), los legisladores entrantes iniciarán su periodo legislativo devengándose el salario que los miembros del congreso recibían antes de la resolución.
El escenario en mención aplica para aquellos representantes a la Cámara y los senadores que fueron electos el pasado 8 de marzo y que se posesionaron de manera oficial el pasado 20 de julio en el Congreso de la República.
¿Cuánto gana un congresista al año en Colombia?
De acuerdo a los decretos establecidos por el Gobierno Nacional, un miembro del Congreso tiene el derecho a devengar un salario mensual de $52 millones de pesos (COP) brutos; sin embargo, contando las deducciones realizadas a dicho valor, el legislador contaría, a final de mes, con aproximadamente $32 millones de pesos (COP) libres.
Adicionalmente, si se suman los valores que reciben los congresistas de forma anual, en total, el miembro del legislativo se llevaría aproximadamente $624 millones de pesos al año de forma bruta; contando las deducciones realizadas en temas de salud, pensión, impuestos y demás, la cifra se establecería entre los $420 y $456 millones de pesos libres, aproximadamente.
¿Cuánto ganaría un congresista con el decreto que eliminaba la prima especial?
En búsqueda de una reducción en el gasto estatal y la optimización de las finanzas públicas, la actual administración tenía como objetivo que los miembros del congreso devengaran un salario de 34 y 36 millones de pesos brutos aproximadamente; el cual, contando las deducciones por ley, se reduciría hasta los 22 y 25 millones de pesos mensuales, lo que hubiese significado un ahorro de 62.000 millones de pesos para el Estado
Sin embargo, tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto presidencial que eliminaba la prima especial de servicios, los valores se mantendrían iguales a los del periodo legislativo anterior.
La entidad advirtió que el decreto no afectaba únicamente a los congresistas, sino que ponía en riesgo el régimen prestacional de funcionarios de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, quienes comparten parámetros salariales similares definidos por la Ley 4 de 1992; por tal razón el Consejo de Estado tomó la determinación.
