La acción judicial fue presentada por el abogado José Domingo Mora Calderón y reclama medidas urgentes para garantizar el abastecimiento y la movilidad en el departamento, afectado por el colapso de varios corredores viales.
El Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Saravena admitió una acción de tutela que busca la protección de los derechos fundamentales de los habitantes del departamento de Arauca, gravemente afectados por la emergencia vial ocasionada por la actual temporada invernal.
La acción fue presentada por el abogado saravenense José Domingo Mora Calderón, quien solicita que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes adopten medidas inmediatas para restablecer la conectividad terrestre del departamento, tras los daños registrados en corredores estratégicos como la Ruta de la Soberanía, la Ruta de Los Libertadores y la Marginal de la Selva.
La tutela fue dirigida contra el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Presidencia de la República, varios ministerios, las gobernaciones de Arauca, Boyacá y Casanare, así como las alcaldías de Saravena, Fortul, Tame, Cubará, Hato Corozal y Sácama, entre otras entidades.
En el recurso judicial se advierte que el aislamiento vial ha generado serias afectaciones al abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos agropecuarios y otros bienes esenciales, además de comprometer el acceso a servicios básicos para miles de habitantes del departamento.
Mediante el Auto Interlocutorio No. 713, el despacho judicial ordenó notificar a todas las entidades accionadas y les concedió un plazo de dos días para presentar los informes correspondientes y ejercer su derecho de defensa.
Igualmente, el juzgado vinculó al proceso a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el SENA, al considerar que sus competencias podrían incidir en la solución de la problemática.
No obstante, el juez negó la medida provisional solicitada por el accionante, al concluir que, por ahora, no existen los elementos suficientes para ordenar medidas urgentes antes de conocer las respuestas de las entidades demandadas.
Con esta acción constitucional se busca que las autoridades nacionales y territoriales coordinen e implementen soluciones que permitan restablecer la conectividad del departamento y garantizar los derechos fundamentales de los araucanos, afectados por una de las emergencias viales más complejas de los últimos años.
