El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió al proceso de negociación de la política de paz y aseguró que uno de los principales errores fue no contar con un marco jurídico desde el inicio de las conversaciones.
Según explicó, durante la presentación del marco jurídico para la paz, impulsado en su momento por el exministro Eduardo Montealegre, la función del Ministerio de Justicia fue brindar seguridad jurídica a las negociaciones. Sin embargo, consideró que ese respaldo debió existir desde el primer momento.
A juicio del ministro, aunque la Ley de Paz Total le dio al Gobierno las herramientas para adelantar los acercamientos con los grupos armados, la ausencia de un marco jurídico claro generó incertidumbre y terminó afectando el desarrollo de las mesas de negociación.
Frente al caso del ELN, Cuervo señaló que la situación debe analizarse de manera particular, pues recordó que hace más de dos años no existen negociaciones activas ni un cese al fuego bilateral. En ese sentido, afirmó que el Gobierno concluyó que esa organización no tenía voluntad de paz.
Además, cuestionó la decisión de otorgar estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. “Yo creo que allí no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. El Consejo de Estado lo reafirmó en una decisión la semana pasada”, afirmó.
Según dijo, esa determinación terminó generando múltiples dificultades para el proceso.
En cuanto a las mesas de diálogo urbano, el ministro aseguró que el Ministerio de Justicia mantiene un seguimiento permanente, especialmente en los casos de Itagüí y Quibdó, donde varios de los participantes se encuentran privados de la libertad.
Cuervo destacó que esos espacios han dejado resultados positivos en materia de disminución de homicidios, extorsiones y otros delitos, lo que, según indicó, ha contribuido a mejorar la seguridad y la paz social en esos territorios.
De igual modo, reveló que sostuvo una reunión con el jefe del equipo de empalme, a quien le advirtió que desmontar de manera inmediata las mesas de negociación podría generar consecuencias negativas para la seguridad en las regiones donde actualmente funcionan.
