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Procuraduría sanciona en primera instancia al exalcalde de Villavicencio Felipe Harman

Los hechos están relacionados con las demoras para ejecutar una orden judicial cuando era alcalde de Villavicencio.

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con seis meses de suspensión al exalcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz, tras encontrar irregularidades en el trámite de un despacho comisorio relacionado con la entrega y el restablecimiento de un bien inmueble.

De acuerdo con la decisión disciplinaria, el exmandatario intervino en una diligencia judicial en calidad de funcionario comisionado y, durante ese proceso, tramitó recusaciones y posteriormente se declaró impedido. Para el Ministerio Público, estas actuaciones contravinieron las disposiciones legales que regulan las funciones de quienes son designados para cumplir este tipo de comisiones judiciales.

La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4, que concluyó que la conducta del entonces alcalde terminó afectando el cumplimiento de una orden judicial emitida en 2022. Según el organismo de control, las actuaciones adelantadas por Harman generaron retrasos injustificados en la ejecución de la decisión que buscaba restablecer derechos sobre el inmueble objeto del proceso.

En el fallo se advierte que esas demoras impactaron el cumplimiento oportuno de las determinaciones adoptadas por la autoridad competente, razón por la cual la conducta fue considerada disciplinariamente reprochable.

La Procuraduría calificó la falta como grave y señaló que fue cometida a título de culpa grave. Sin embargo, debido a que Harman ya no ocupa el cargo por el cual fue investigado y declarado responsable disciplinariamente, la sanción de suspensión “fue convertida en el equivalente a salarios básicos mensuales, tal como lo establece la normativa vigente para estos casos”.

La decisión aún no está en firme. La defensa del exalcalde interpuso recurso de apelación, por lo que el expediente pasará ahora a estudio de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, instancia que deberá revisar el fallo y determinar si lo confirma, modifica o revoca.

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