El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley de presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1% del PIB. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, explicó que los recursos del Sistema de Regalías, junto con los que se asignen del Presupuesto, tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión dentro de altos estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo.
Reveló que $ 29 billones serán destinados para atender las necesidades de inversión de los territorios. En el presupuesto se establecen $7,5 billones que serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos y $ 3 billones a los municipios más pobres.
El Ministro explicó que $ 10.1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos. De estos recursos, $6,1 billones serán probados directamente por los departamentos.
A esto se suma $ $3,0 billones orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
También $3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET, parte de estos recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos aprobados en el marco del adelanto ordenado por la Constitución entre otras inversiones.
De acuerdo con lo indicado por el Ministro, este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades.
