La violencia vuelve a golpear con fuerza al departamento de Arauca. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra lanzó una nueva alerta pública en la que denuncia el grave deterioro de la situación humanitaria en la región, donde en los primeros 18 días de mayo ya se reportan cuatro asesinatos y al menos 14 personas secuestradas, desaparecidas o retenidas por actores armados ilegales.
La organización advirtió que el conflicto armado sigue profundizando el miedo, la incertidumbre y la vulneración de derechos de la población civil, en medio de un escenario que califican como una de las crisis humanitarias más delicadas de los últimos años en el departamento.
Entre los homicidios denunciados se encuentra el asesinato de Orlando Camejo Pacheco, ocurrido el pasado 16 de mayo en inmediaciones de la vereda Chaparrito, zona rural del municipio de Arauca, sobre la vía nacional hacia Tame, en el sector conocido como La Antioqueña.
A este hecho se suma el hallazgo de un cuerpo sin vida el 18 de mayo en la vía entre Puerto Rondón y la vereda Mata de Palma, en el sitio conocido como La Cañada del Musiú. Según versiones preliminares, la víctima presentaba impactos de arma de fuego y tenía los ojos vendados.
La Fundación también documentó múltiples casos de personas privadas de la libertad en municipios como Fortul, Saravena y Arauca capital.
Entre ellos se encuentran Plácido Ovallos Rangel, maestro de construcción de 58 años, retenido el 12 de mayo en Fortul; Ifrael García Ovallos, desaparecido desde el 13 de mayo mientras trabajaba en actividades comerciales; William Moreno Blanco, comerciante interceptado por hombres armados en Saravena; y Marifer Yajandra Ramírez Moreno, trabajadora de la plaza de mercado, sacada por la fuerza de su lugar de trabajo.
Asimismo, continúan desaparecidos o retenidos Luis Eduardo Galán Botía, Wilson Acevedo Rodríguez y José Manuel Carabalí Bolaños, este último integrante de comunidades afrodescendientes en zona rural de Tame.
La organización humanitaria denunció además el aumento de señalamientos y estigmatizaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades del departamento, situación que incrementa el riesgo para quienes ejercen labores sociales y comunitarias en medio del conflicto.
Ante este panorama, la Fundación Joel Sierra exigió a las autoridades nacionales y regionales adelantar investigaciones urgentes que permitan esclarecer los hechos y proteger a la población civil. También hizo un llamado a los grupos armados para respetar la vida y la integridad de las comunidades, y pidió mayor acompañamiento de organismos internacionales frente a la gravedad de la crisis que enfrenta Arauca.
