‘Simón Trinidad’, quien fue uno de los líderes más prominentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), fue extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre de 2004 y posteriormente condenado a 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en 2003. Desde entonces, ha sido una figura central en el proceso de paz y justicia transicional en Colombia.
La decisión de la JEP de conceder la amnistía se basa en el reconocimiento de que la rebelión es considerada un delito político amnistiable, cumpliendo con los criterios temporales, personales y materiales establecidos en el marco normativo colombiano. Esto implica que Trinidad deberá cumplir con un régimen de condicionalidad, comprometiéndose a contribuir con la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado.
Además, la JEP ha designado a la Oficina de Atención a Víctimas y a la Unidad de Investigación y Acusación para localizar y ofrecer apoyo a las víctimas de los eventos ocurridos en Bojayá y Vigía del Fuerte entre el 1 y el 3 de mayo de 2002. Este proceso permitirá a las víctimas participar en el proceso judicial y hacer uso de sus derechos ante la justicia transicional.
