La Defensoría del Pueblo a través de la delegada Claudia Vaca, presentó cifras que evidencia la grave afectación del derecho de la salud en Colombia, una problemática que ha aumentado en los últimos años.
Según la institución durante 2024 y 2025 se intensificaron las barreras de acceso a los servicios de salud, particularmente en medicamentos, los problemas de acceso se concentran en medicamentos incluidos en el plan de beneficios y su financiación que depende del UPC. El rubro alcanzó en 2025 sumas superiores a los 88 billones de pesos y las quejas en cuanto al servicio de entrega de medicamentos se centra en más de 11.900, además de la negación o entrega parcial de de medicamentos que supera el 32% del total de quejas nacional.
Las acciones de tutela superaron el 34% entre enero del 2024 y julio del 2025, asimismo, el gasto del bolsillo pasó de 15.8% en 2019 a 17.2% en 2024, con departamentos que alcanzan el 30%, configurando un escenario de desprotección financiera, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
La Defensoría identificó que esta situación se debe, a dificultades en la liquidez y el flujo de recursos. Pese a que Colombia destina más de 100 billones de pesos, más del 8% del Producto Interno Bruto a la Salud, un porcentaje alto para los países de la región, entre 25 y 35% del presupuesto en salud, los problemas persisten por problemas de ineficiencia e uso inadecuado de los recursos.
La entidad hace un llamado urgente a garantizar liquidez para estabilizar la operación del sistema y a dar una discusión sobre la sostenibilidad del plan de beneficios de salud. Además, exige una reforma con énfasis en una nueva gobernanza que tenga un enfoque territorial, garantice transparencia, mejor rendición de cuentas, y claridad sobre la responsabilidad de los actores privados en la garantía del derecho a la salud.
