En medio de amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención ilegal con traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca en zona rural de Arauquita. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro señalados integrantes del ELN.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían actuado de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del predio y apropiarse del inmueble con el propósito de convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, habría articulado la acción desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y la ocupación del bien.
Carlos Daniel Pallares Yaruro, por su parte, presuntamente profirió amenazas directas contra la familia; Martín Salcedo Pérez habría asumido labores de vigilancia para impedir el retorno de las víctimas y alertar sobre movimientos de la Fuerza Pública; y a Daiber Yair Rojas González se le atribuye apoyo logístico para mantener la ocupación ilícita de la finca.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
