Cinco días antes de entrar en vigor la ley de garantías electorales, la Unidad para las Víctimas adjudicó de manera directa un contrato de más de $70.000 millones a una entidad denunciada por el propio Gobierno por su presunta participación en un “carrusel” de corrupción en la contratación pública.
El beneficiario se llama Alianza Pública para el Desarrollo Integral (ALDESAROLLO) y sobre sus directivos pesan tres indagaciones activas en la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Dos de esos procesos están en la Dirección Seccional Bogotá y el otro, en la Dirección Especializada contra la Corrupción. Las tres indagaciones registran actividades de policía judicial avanzadas.
Hace un año, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le pidió a la Fiscalía que investigara a los directivos de ALDESARROLLO y de otras dos entidades que, entre 2018 y enero de 2025, se quedaron con contratos públicos por más de $1.3 billones en varias regiones del país.
Según la denuncia del alto funcionario, varios hechos sugieren que ALDESARROLLO se concertó con las otras dos organizaciones -con las que comparte más de una docena de personas naturales en diferentes roles- “para falsear el mercado y alterar las probabilidades del sistema competitivo en el marco de procesos de contratación pública”.
A pesar de los hallazgos de Idárraga, que llenaron 52 páginas, y de las pesquisas de la Fiscalía, hace dos semanas la Unidad para las Víctimas le adjudicó a ALDESARROLLO un negocio de $71.186 millones, con un objeto sumamente ambicioso: “Contratar los servicios de un operador para la adquisición, transporte y suministro de productos alimenticios y no alimenticios que incluye cargue y descargue en todos los departamentos, municipios, corregimientos, veredas, zonas rurales del territorio nacional y territorios étnicos, con destino a la población en riesgo o víctima del conflicto armado interno”.
Las irregularidades encontradas en el contrato
Además de la incongruencia de hacer tratos con una entidad denunciada por presunta corrupción por el mismo gobierno del que hace parte la Unidad de Víctimas, la Unidad Investigativa de Caracol Radio detectó otras inconsistencias, que aparecen desde la estructuración del contrato. La primera tiene que ver con el mecanismo utilizado. La ley 1150 de 2007 excluye la posibilidad de entregar directamente contratos interadministrativos que se relacionen con suministro, como la entrega de ayudas. La misma ley prohíbe además adjudicar directamente este tipo de contratos cuando los ejecutores sean Instituciones de Educación Superior Públicas, precisamente el tipo de entidades que componen ALDESARROLLO.
Así mismo, el contrato interadministrativo entre la Unidad de Víctimas y ALDESARROLLO adolece de detalles sobre la logística que requiere la entrega de kits en cualquier punto del territorio nacional, en un plazo máximo de 24 horas. La Unidad de Víctimas planteó unas condiciones generales en los documentos previos, frente a las cuales ALDESARROLLO dice solamente que va a subcontratar. Tampoco hay claridad sobre el número de beneficiarios del contrato.
En los estudios previos de la Unidad para las Víctimas, avalados por el subdirector técnico de Prevención y Atención a Emergencias, Ronald Javier Becerra Corredor, se sustenta la decisión de recurrir a la contratación directa en “la necesidad de dar respuesta inmediata a las condiciones de emergencia y vulnerabilidad” que enfrentan las comunidades por atender. “La función administrativa no puede ni debe erigirse en obstáculo para la garantía de derechos fundamentales”, se lee en el documento.
Indagado sobre el tema, el organismo gubernamental se abstuvo de responder por qué le adjudicó un contrato de más de $71.000 millones a una entidad denunciada por la Presidencia.
En sus respuestas, enviadas por correo electrónico, admite que “no se trata de una situación de emergencia” y defiende a Aldesarrollo con dos argumentos: su objeto social le permite desarrollar las actividades encomendadas y tiene “experiencia verificada”.
ALDESARROLLO, el contratista que hace de todo
Según su página web, ALDESARROLLO es una corporación de carácter académico sin ánimo de lucro que se enfoca principalmente en gerenciar proyectos de ciencia, tecnología, innovación y productividad como un modelo sostenible de inversión. No obstante, su certificado de Cámara de Comercio afirma que es capaz de suministrar desde publicidad institucional hasta servicios relacionados con la energía nuclear, pasando por actividades de servicios de extracción de petróleo y gas.
La Unidad Investigativa de Caracol Radio se contactó directamente con ALDESARROLLO durante más de una semana, vía llamadas telefónicas y correos electrónicos, para tratar de despejar los interrogantes sobre el contrato con la Unidad para las Víctimas, pero hasta el momento de la publicación de este informe no hubo respuesta.
En la documentación del proceso de selección directa del contratista aparece también como oferente RedSUMMA, otra de las alianzas públicas denunciadas ante la Fiscalía por la Presidencia de la República. La tercera es Kluster Latam.
Según el secretario Idárraga, “las tres Esal (entidades sin ánimo de lucro) aparenten ser diferentes e independientes. No obstante, en realidad se trata de 17 personas naturales con diferente ropaje, que han presentado cotizaciones para los mismos procesos contractuales en al menos 20 ocasiones”.
Fuentes de la Fiscalía indican que este tipo de empresas son “contrataderos” que sirven para saltarse los procesos de licitación, quedarse con los negocios del Estado y luego subcontratar con empresas que realmente hagan el trabajo. Así, terceriza sus obligaciones y le ‘hacen conejo’ al régimen de libre competencia.
De acuerdo con las cifras suministradas al ente investigador, entre 2018 y enero de 2025 ALDESARROLLO amasó más de $1.3 billones en contratos pagados con el presupuesto público. En el SECOP II aparecen más de 500, no solo nacionales, sino también con gobernaciones y alcaldías.
Y el último reporte de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) ubica a la Unidad para las Víctimas -que no cuenta con un director en propiedad- como la tercera entidad del orden nacional que mayor contratación registró el mes pasado, con 3.123 contratos por más de $508.000 millones.
Las de la Fiscalía no son las únicas indagaciones que comprometen al círculo de ALDESARROLLO. El representante legal de esta cuestionada alianza, Omar Enrique Flórez Escorcia, también está bajo la lupa de la Procuraduría, que lo investiga por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Florián (Santander). En este se invirtieron más de $1.700 millones provenientes de regalías. A pesar de todos estos antecedentes, el Gobierno sigue adjudicando millonarios contratos a una entidad denunciada por la Presidencia de la República.
DUDAS SOBRE LOS PRECIOS
La Unidad Investigativa de Caracol Radio también analizó los productos que componen la propuesta de ALDESARROLLO seleccionada por la Unidad de Víctimas.
Dentro del listado aparecen ítems llamativos. Por ejemplo, un paquete de tres barras de cereales, tamaño personal, que cuesta $30.430; en un supermercado de cadena, esta mercancía no llega a los $15.000, y no por tres sino por seis unidades. El litro de gel antibacterial se pagaría a $34.110, mientras que en grandes superficies no alcanza los $20.000.
