El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, tras la revelación que hizo la precandidata presidencial Vicky Dávila sobre la supuesta confesión de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, sobre que habría aportado económicamente a la campaña presidencial de la Colombia Humana en 2022.
En el documento de seis páginas, Bustos advierte que, ante el posible ingreso de dineros provenientes del narcotráfico, específicamente de la banda criminal La Inmaculada, dirigida por ‘Pipe Tuluá’, quien en la madrugada de este martes, 3 de febrero, fue extraditado a Estados Unidos, se debe investigar.
Bustos también pidió que sea investigado el ministro del Interior, Armando Benedetti, y Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, considerado como el supuesto ‘zar del contrabando’.
“Respetuosamente acudo ante su despacho con el propósito de formular la siguiente solicitud de investigación penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal contra el señor ARMANDO BENEDETTI y DIEGO MARÍN BUITRAGO, alias ‘PAPÁ PITUFO’, para que, en materia penal, se desarrolle plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal, por la posible comisión de conductas delictivas”.
Precisamente, pidió que se adelante la investigación por los delitos de presunta financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, falsedad, tráfico de influencias (relacionadas con la Dian), concierto para delinquir, entre otros.
Además, relacionó los hechos que considera deben ser penalmente investigados y aclarados.
“El 3 de febrero de 2026, la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio atribuido a alias ‘Pipe Tuluá’, máximo cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, momentos antes de su extradición a EE. UU. En dicha grabación, el criminal afirma: Haber entregado sumas de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.
Poseer pruebas consistentes en videos, audios y soportes de consignaciones que respaldarían estos movimientos de dinero.
Que los recursos no solo habrían tenido como fin la financiación electoral, sino también el pago de ‘trámites’ relacionados con procesos judiciales y de paz”, se lee en la denuncia que fue interpuesta directamente al despacho de la jefa de la Fiscalía, Luz Adriana Camargo.
En el audio revelado por Vicky Dávila, ‘Pipe Tuluá’ habría asegurado que “creo que, si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”.
Debido a esto, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia aseguró que, de comprobarse la veracidad del audio y de lo que dijo el jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’, se demostraría que el supuesto ‘Pacto de La Picota’ sí existió.
“El audio de Pipe Tuluá sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió y que las visitas a las cárceles, en medio de la campaña presidencial, iban más allá de las intenciones de la paz total. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022”, afirmó.
Bustos también dijo que Andrés Felipe Marín Silva señaló en el audio que tiene las evidencias de todo lo que supuestamente dijo en el audio.
“Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian”, se escuchó en el audio publicado por Vicky Dávila.
