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Gobierno retiró proyecto que buscaba implementar herramientas sancionatorias en sector transporte

El Gobierno Nacional retiró del Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026, que buscaba fortalecer las herramientas de inspección, vigilancia y control en el sector transporte y que había generado fuertes críticas por su posible impacto sobre plataformas digitales de movilidad como Didi, Uber y Yango, entre otras.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, contemplaba un endurecimiento del régimen sancionatorio frente al transporte informal e ilegal, incluyendo sanciones económicas, inmovilización de vehículos y posibles medidas contra plataformas digitales.

Diversos gremios y actores del sector advirtieron que el articulado podría afectar tanto a conductores como a usuarios de estas aplicaciones.

Ante la controversia, el Gobierno decidió retirar temporalmente el proyecto para hacer ajustes y evitar interpretaciones que, según las autoridades, no reflejan los acuerdos alcanzados con el sector transportador.

Así lo confirmó Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que la decisión busca mejorar la claridad del texto y alinearlo con las mesas de trabajo adelantadas con los gremios.

“Considerando las múltiples y sincrónicas, erradas interpretaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley 347 del 2026, recientemente erradicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”, señaló Serna.

El Gobierno no precisó una nueva fecha para la radicación del proyecto ajustado, pero aseguró que continuará el diálogo con los diferentes actores del sector para construir una propuesta que garantice control al transporte ilegal sin afectar de manera desproporcionada a los usuarios y a la movilidad digital en el país.

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