El Gobierno Nacional le salió al paso a la polémica generada por el proyecto de ley 347 de 2026, radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que busca generar mayores herramientas de control y sanción al sector en el país.
En entrevista con el Noticiero del Medio día con Juan Diego Alvira, Andrés López, asesor de la Superintendencia uno de los autores del proyecto, aseguró que la iniciativa no está dirigida a afectar a las plataformas digitales de movilidad como Uber, DiDi, InDriver, Picap o Yango.
López, uno de los responsables técnicos del proyecto, explicó que la norma no regula de manera directa a las plataformas, sino que su principal objetivol es fortalecer las herramientas de supervisión y el régimen sancionatorio del sector transporte.
“Nosotros, siendo una norma de rango legal, realmente no nos aproximamos directamente al tema de las plataformas, por una razón fundamental, y es que las plataformas de transporte están actualmente reguladas y son legítimas”, señaló el funcionario en Caracol Radio.
López indicó que el proyecto es el resultado de un proceso amplio de concertación y construcción técnica que se viene adelantando desde hace varios años.
“Este proyecto ha sido trabajado desde 2015 o 2016, tuvo más de 55 mesas de trabajo, escenarios de socialización y observaciones por todos los interesados en más de ocho ocasiones”, explicó.
Además, el gobierno señala la necesidad de crear una Estrategia Nacional de Control de la Informalidad que distingue entre informalidad a contrarrestar e informalidad a formalizar, siempre en acciones integrales que respondan a cualquier afectación social.
Legalidad y regulación
Frente a las dudas sobre la legalidad de estos servicios de transporte, el asesor de la Superintendencia reiteró que la intermediación a través de plataformas tecnológicas no es ilegal en Colombia.
“La prestación del servicio público con intermediación de plataformas tecnológicas es legal y está regulada por el Ministerio de Transporte”, afirmó López.
Según el funcionario, las sanciones que hoy se imponen no se dirigen contra las plataformas como tal, sino contra incumplimientos específicos de las empresas de transporte habilitadas o de las condiciones en que se presta el servicio.
El Gobierno insistió en que el proyecto busca fortalecer la capacidad del Estado para supervisar el sector, mejorar la seguridad y proteger a los usuarios, sin crear una regulación específica para las plataformas digitales ni prohibir su operación.
Cabe resaltar que la iniciativa continuará su trámite en el Congreso, donde se espera un debate amplio sobre el alcance del nuevo régimen de supervisión y sanciones en el transporte.
