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Plata de impuesto al turismo en la mira: Contraloría advierte presunta pérdida por $28.000 millones

La Contraloría General de la República, identificó distintas irregularidades en la gestión de recursos recaudados en el impuesto al turismo, que sumaron $28.310 millones de pesos.

El mayor impacto de estos hallazgos fiscales fue un proyecto de embarcaderos fluviales financiado con dineros del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) en 81 municipios del país. De acuerdo con el informe de la Contraloría, este hecho tiene un hallazgo de afectación fiscal de $23.006 millones, que está relacionada con posibles fallas en la planeación, débil supervisión y problemas en la gestión contractual en 81 municipios del país.

Proyectos que nunca fueron entregados

A pesar de que el proyecto contemplaba la instalación de 88 embarcaderos, la Contraloría reveló que los módulos fueron fabricados en su totalidad pero solo cinco han sido instalados y puestos en funcionamiento, ubicados en los municipios de Santander, Bolívar y Magdalena, lo que evidenció una brecha entre los recursos invertidos y los resultados reales en territorio.

El ente de control también detectó declaraciones extemporáneas, es decir un modelo de impuesto presentado fuera del plazo establecido, correspondientes a los años 2021 y 2022, una situación que pone en riesgo más de $5.303 millones destinados al financiamiento de programas turísticos porque muestran debilidades en los procesos de fiscalización por parte de la DIAN, así como fallas de seguimiento por parte de FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

Alerta sobre el funcionamiento de control tributario

De igual forma, el informe afirma que dentro de su análisis se “abarcó aspectos financieros, presupuestales y contractuales en la gestión fiscal del impuesto al turismo”, aquel que es dedicado a financiar proyectos de promoción, competitividad e infraestructura.

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A través de ese análisis se pudieron investigar temas financieros y fiscalización, en el que la DIAN no ejerció de forma efectiva sus funciones de control tributario, a pesar de contar con herramientas legales para verificar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del impuesto. Esta falta de control afecta la oportunidad con la que los recursos ingresan al Presupuesto General de la Nación y limita su impacto en las regiones.

Los hallazgos, según la Contraloría, no solo comprometen la gestión de varias entidades del Gobierno nacional, sino que ponen en riesgo recursos clave del patrimonio nacional para la promoción, la competitividad y la infraestructura turística del país.

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