El exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría firmado 101.441 contratos de prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, por un monto aproximado de 6 billones de pesos.
Según Briceño, estas contrataciones se realizaron en un corto periodo previo a la activación de las restricciones electorales y, a su juicio, evidencian el uso de maquinaria burocrática y prácticas de politiquería, en medio de un contexto de crisis fiscal y dificultades económicas en el país.
La ley de garantías electorales establece límites a la contratación directa y a la celebración de convenios por parte del Estado durante los meses previos a las elecciones, con el objetivo de evitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas y garantizar condiciones de equidad entre los candidatos. Aunque la norma no prohíbe toda contratación, sí restringe de manera especial los contratos de prestación de servicios y otros mecanismos discrecionales.
Briceño cuestionó la necesidad y el alcance de los contratos firmados antes de que entrara en vigor la ley y pidió explicaciones al Gobierno sobre los criterios utilizados para estas vinculaciones, señalando que el país atraviesa una situación fiscal compleja.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado oficialmente frente a esta denuncia.
