La reciente participación del asesor de Paz de la Gobernación de Arauca, Javier Esneyder Triana, en una movilización realizada en Arauca capital y en el puente internacional José Antonio Páez, ha generado inquietudes legítimas en distintos sectores de la opinión pública regional.
La manifestación, convocada por organizaciones sociales del Sarare, guardia indígena y sindicatos, rechazó la intervención de los Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro Moros, y se convirtió, en la práctica, en un acto de respaldo político a un dirigente ampliamente cuestionado por la comunidad internacional y por millones de ciudadanos venezolanos que hoy viven en el exilio.
El debate no gira en torno al derecho a la protesta, que es constitucional y legítimo. El punto de fondo es el rol que debe asumir un funcionario público, más aún cuando ostenta un cargo sensible como el de asesor de paz, en un departamento golpeado históricamente por el conflicto armado, la violencia transfronteriza y la crisis migratoria.
Arauca ha sido escenario directo de las consecuencias del colapso institucional venezolano: presión sobre los servicios públicos, economías ilegales, presencia de grupos armados y una frontera porosa donde la seguridad y la estabilidad siguen siendo frágiles. En ese contexto, la participación de un representante del gobierno departamental en una movilización con carga ideológica internacional envía un mensaje político que no puede considerarse neutro.
La paz territorial exige prudencia, coherencia y responsabilidad institucional. No se construye alineando al Estado regional con causas externas que profundizan la polarización, ni exponiendo a la administración departamental a lecturas políticas que pueden afectar la confianza ciudadana.
Arauca necesita funcionarios concentrados en resolver los problemas locales, en fortalecer la convivencia y en atender las urgencias sociales de una región que no puede darse el lujo de confundir los límites entre la militancia personal y el ejercicio del poder público.
La frontera ya carga demasiadas tensiones. La institucionalidad debe ser factor de equilibrio, no de controversia.
