En su primera alocución presidencial de este año 2026, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del incremento del 23,7% del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno y sobre el que ya pesan varias demandas.
El jefe de Estado aseguró que el incremento del salario “no ha disparado” el costo de vida de los colombianos ni de los precios, como señalan desde la oposición y otros sectores.
“¿De dónde sacan que el salario sube los precios, cuando los alimentos están estables?”, dijo Petro, y aseguró que no han subido los costos de producción, pese a la que la mano de obra se ha encarecido.
Según dijo, el salario mínimo real en sus más de tres años de Gobierno ha crecido un 18%: “Después de subir el salario real 18% a los trabajadores más pobres de Colombia, el costo de producir cayó 2,62%”, dijo.
Además del salario mínimo, también defendió los decretos de emergencia económica, y dijo que están dirigidos a los “megarricos”.
También señaló al Congreso: “El problema no es el decreto de emergencia, el problema fue que el Congreso tumbó la ley de financiamiento y recortó la capacidad del Estado para pagar la deuda”.
Las tutelas al incremento del salario mínimo y el estudio del decreto de emergencia económica
Este pronunciamiento ocurrió después de que el juez tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negara una medida cautelar solicitada por el exmagistrado Alejandro Linares mediante una acción de tutela, la cual buscaba suspender el decreto 1469 que estableció el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026.
Lo anterior significa que, por ahora, sigue en firme el incremento en el salario mínimo mientras se estudia la acción de tutela.
Por otro lado, el pasado 13 de enero se definió que el magistrado Carlos Camargo Assis será el encargado de estudiar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2025.
Como magistrado ponente, Camargo tendrá la responsabilidad de analizar el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Entre sus primeras tareas está determinar si existen las condiciones jurídicas para ordenar la suspensión provisional del decreto mientras la Corte adopta una decisión de fondo.
