El magistrado Carlos Camargo, de la Corte Constitucional, solicitó una serie de pruebas para el estudio sobre la exequibilidad de los decretos de emergencia económica expedidos por el Gobierno Nacional. Entre ellas, pidió conceptos de expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario.
El documento dice lo siguiente:
“Solicitar a los expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario Juan Carlos Echeverry Garzón, Jorge Iván González Borrero, Roberto Insignares Gómez, Lisandro Junco Riveira, José Antonio Ocampo Gaviria, Hugo Palacios Mejía, Santiago Pardo Ramírez, Mauricio Plazas Vega, José Manuel Restrepo Abondano y Juan Camilo Restrepo Salazar un concepto sobre la manera como el Decreto Ley 1390 de 2025 cumple o no con los tres presupuestos para la declaratoria del estado de emergencia (fáctico, valorativo y de suficiencia)”.
Además, se notificó a la Presidencia para que, si lo considera pertinente, allegue en un plazo de tres días un documento explicando las razones de las medidas. Estas pruebas serán clave para definir el futuro de las disposiciones adoptadas para el recaudo de 11 billones de pesos destinados al presupuesto de 2026.
Otra de las pruebas que llamó la atención tiene que ver con el nombramiento en encargo de Irene Vélez:
“Solicitar a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que informe: (i) la situación administrativa de las ministras y los ministros que suscribieron el decreto matriz, esto es, si se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición, así como el acto administrativo de encargo como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Irene Vélez”.
¿Se mantendrán los decretos de emergencia económica?
Asimismo, el alto tribunal deberá recibir un concepto adicional, en un término de 10 días hábiles, por parte de la Procuraduría sobre la decisión adoptada por el Ejecutivo.
Con este cúmulo de pruebas, la Corte Constitucional busca determinar si se mantienen los decretos de Emergencia Económica o si, por el contrario, se revierte la decisión de subir el IVA del 5 % al 19 % a productos como licores, cigarrillos, juegos de azar y ventas en línea que superen los 50 dólares, entre otros impuestos.
