Desde diferentes sectores han advertido que el alto incremento del salario mínimo podría tener consecuencias negativas para los empleadores, lo que podría impulsar la informalidad por los altos costos de las nóminas.
Debido a la inconformidad, desde varias orillas han propuesto demandar el decreto a través del cual el Gobierno Petro aumentó el salario para 2026. Sin embargo, existe la duda de si es posible realizar ese trámite. La respuesta es sí y hay un antecedente reciente.
En 2017, el Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 2552 del 2015, por medio del cual el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos fijó el incremento del 7 % en el salario mínimo para el 2016.
Esa decisión no afectó los salarios, tributos, multas y demás pagos que fueron efectuados con base en dicha norma, debido a que en ese momento ya estaba rigiendo el Decreto 2209 de 2016, que fijó el salario para el año 2017.
El Consejo determinó que el Gobierno incurrió en una “falta de motivación” al expedir el decreto de forma unilateral. En ese momento, el Gobierno Santos no explicó de manera suficiente por qué eligió un incremento del 7 % para 2016, ignorando parámetros constitucionales como la productividad y la contribución del salario al PIB.
Aunque esa demanda no tuvo efectos económicos retroactivos, sentó un precedente jurídico importante: en adelante, cuando el Gobierno fije el salario mínimo por decreto, debe justificar técnicamente cada uno de los factores económicos utilizados para determinar el aumento.
