El pasado 12 de diciembre, la familia de Jhon Jairo Cabarique, acompañada por sus representantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, participó en el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas que debió realizar el Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de este joven a manos de integrantes del Ejército Nacional.
El encuentro contó con la presencia de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (ASOJER), Humanidad Vigente Corporación Jurídica, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, así como entidades del Estado. El acto se llevó a cabo como parte del cumplimiento de la solución amistosa suscrita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2024.
En representación del Estado colombiano, la vicecanciller encargada Diana Patricia Mejía Molina, directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, presidió la ceremonia y ofreció un perdón público por estos hechos, en los que también fueron asesinados los jóvenes Óscar Orlando Bueno Bonnet y Jefferson González, ocurridos hace casi 29 años en el municipio de Saravena, Arauca.
Durante el acto, el Estado extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró que sus nombres deben ser pronunciados en voz alta y con respeto, subrayando que lo ocurrido nunca debió suceder. En ese mismo sentido, el director de Defensa Jurídica Internacional, Yebrail Haddad Linero, en representación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hizo un llamado a las entidades competentes para garantizar el cumplimiento integral del acuerdo, con seriedad, transparencia y humanidad, como una forma de honrar la memoria de las víctimas.
El acto de reconocimiento buscó dignificar el buen nombre y la memoria de Jhon Jairo Cabarique, Óscar Orlando Bueno Bonnet y Jefferson González, así como aportar al ejercicio de memoria histórica en Arauca y en el país. De igual manera, representa un mensaje frente a la estigmatización y violencia que ha afectado históricamente a cientos de jóvenes araucanos en el contexto del conflicto armado.
No obstante, las organizaciones y familiares de las víctimas advirtieron que este reconocimiento constituye apenas un primer paso hacia la verdad y la justicia, ya que hasta el momento no existe una condena en firme contra los responsables. Si bien ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los responsables aceptaron haber cometido los hechos como parte de una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales —sin aportar la totalidad de la verdad—, el caso se suma a los cientos de jóvenes asesinados bajo esta modalidad en Arauca y a las más de 6.402 víctimas registradas en todo el país, en espera de justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
