La Corte Suprema de Justicia condenó al exfiscal delegado ante los tribunales superiores de San José de Cúcuta, Pamplona y Arauca, Óscar Hernández Castro, por el delito de prevaricato por acción agravado, al proferir en 2009 una decisión contraria a la ley dentro del proceso penal contra el exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal.
De acuerdo con el alto tribunal, Hernández Castro declaró de manera irregular la nulidad de la actuación judicial y ordenó la cancelación inmediata de la orden de captura que pesaba sobre el entonces exmandatario departamental, pese a que no tenía competencia para conocer del asunto, ya que el investigado gozaba de fuero, lo que hacía que el caso fuera de conocimiento exclusivo del Fiscal General de la Nación.
La decisión cuestionada se produjo al resolver en segunda instancia los recursos interpuestos dentro del proceso adelantado por la Fiscalía 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, relacionado con la investigación contra Acosta Bernal.
El exgobernador era procesado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por la muerte violenta del registrador delegado para Arauca, Juan Alejandro Plazas Lomónaco, ocurrida el 10 de julio de 2003. En el fallo se acreditó la circunstancia de agravación contemplada en el artículo 415 del Código Penal, al tratarse de una actuación judicial relacionada con un homicidio.
La Corte advirtió que la independencia judicial no puede servir de amparo a decisiones arbitrarias que desconozcan de manera manifiesta la ley, pues este tipo de actuaciones afectan gravemente la confianza ciudadana en la administración de justicia y debilitan la legitimidad institucional.
Como sanción, el alto tribunal impuso a Hernández Castro una pena de 84 meses y un día de prisión, multa equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y 108 meses y un día de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Aunque se negó la suspensión condicional de la pena, se concedió prisión domiciliaria bajo caución, ordenando su captura inmediata, la cual ya fue hecha efectiva.
En relación con el delito de cohecho propio, por el que también fue investigado ante la presunta aceptación de una promesa remuneratoria de 400 millones de pesos para favorecer a Acosta Bernal, la Sala concluyó que no se logró probar el nexo entre la decisión judicial y una eventual entrega o promesa de dinero, motivo por el cual fue absuelto de ese cargo.
El fallo fue emitido con ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila.
