En medio del tenso debate de control político en el Senado por el escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dio explicaciones sobre el acompañamiento que la entidad brindó a las disidencias de alias ‘Calarcá’ y cuestionó la falta de resultados de la Fiscalía frente al análisis del material incautado hace más de un año.
¿Por qué ‘Calarcá’ estaba en una caravana de la UNP?
Rodríguez explicó que la participación de ‘Calarcá’ en los desplazamientos que, hoy son objeto de controversia, se dio tras un procedimiento regular del Gobierno, que inicia cuando el Comisionado de Paz informa al presidente de los avances con los grupos armados y este expide un acto administrativo para revisar la situación jurídica de los delegados.
A partir de esa decisión la Fiscalía levanta las órdenes de captura vigentes, como ocurrió con la resolución que suspendió la orden contra ‘Calarcá’.
Dijo el director de la UNP que con esa habilitación, el Comisionado de Paz definió los traslados necesarios de los voceros y sugirió medidas de seguridad.
La UNP, dijo Rodríguez, creó un esquema de protección “compartido”, que consistía en entregar vehículos y personal a un grupo reducido de representantes del EMC. Fue en ese marco que ‘Calarcá’ inició un viaje entre el 13 y el 31 de julio de 2024, que incluía desplazamientos por Caquetá, Bogotá, Norte de Santander y Antioquia.
Según el funcionario, al llegar a Bogotá el grupo fue ampliado con otros voceros que representaban un sector del EMC que entonces estaba distanciado de la facción de alias Iván Mordisco, por lo que requerían adelantar conversaciones con distintos actores armados para reforzar su participación en el proceso de paz.
El director relató que el 23 de julio, cuando el convoy se dirigía hacia Antioquia, fue detenido en un retén del Ejército. Ese día, dijo, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo contactó para preguntar por el protocolo.
Rodríguez aseguró que se le indicó que los vehículos con protegidos no podían ser requisados a campo abierto, sino trasladados a instalaciones seguras, como un batallón militar o una estación de Policía, lo cual finalmente se hizo en el Batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia.
Allí, afirmó, se encontró que el número de ocupantes no coincidía con los autorizados. Entre ellos había un hombre con orden de captura, alias ‘Urias Perdomo’.
También fueron halladas dos armas cortas, 60 millones de pesos y varios elementos cuyo contenido considera clave para aclarar el escándalo: entre ocho y nueve memorias USB y dos computadores.
Rodríguez cuestionó que, pese a que ese material está en la Fiscalía de Medellín desde hace 16 meses, aún no haya claridad sobre su contenido.
“Eso es lo que hoy podría resolver la situación, tanto de este debate como de toda la serie de elucubraciones que se han venido trazando”, afirmó, insistiendo en que la ausencia de información oficial ha dado pie a suposiciones, versiones contradictorias y señalamientos sin sustento.
El jefe de la UNP también respondió a versiones que aseguraban que en esos archivos habría grabaciones del general Juan Miguel Huertas, salpicado en el caso, o de Wilmar Mejía.
Dijo que algunos medios ya aclararon que los dispositivos no contienen esas voces, pero pidió que sea la Fiscalía quien entregue una confirmación definitiva: “A estas alturas tendríamos que tener un poco de claridad y despojar de tanta prevención un debate que no tenía por qué llegar a este nivel”.
Finalmente, cuestionó lo que calificó como una “politización excesiva” del caso, en particular por los señalamientos dirigidos al senador Iván Cepeda en medio del debate: “No sé si es que había fotos especiales distintas a las que se han mostrado, que corresponden a diligencias de paz que él ha realizado desde 2012. Aquí ha habido una catarata de imprecisiones, algunas calumnias, videos y fotos descontextualizados”.
Rodríguez concluyó advirtiendo que la controversia ha estado marcada más por especulaciones que por hechos verificables y reiteró que la Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer todo este entramado, con base en los archivos incautados.
