La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres presentó una nueva estrategia nacional para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, un fenómeno que, según alertó, está adoptando modalidades cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.
La iniciativa, construida junto a la Consejería para los Derechos Humanos, UNICEF y otras entidades, articula tres líneas de acción principales: fortalecimiento de instituciones educativas, prevención en contextos de emergencia y comunicación digital para alertar y orientar a las comunidades.
Nuevas formas de reclutamiento
En diálogo con Caracol Radio Cáceres advirtió que los grupos ilegales están utilizando mecanismos diferentes a los históricos.
“En algunos territorios, niños que asisten normalmente a la escuela durante la semana están siendo llevados los fines de semana para realizar trabajos con los grupos armados”, indicó la directora.
Además, Cáceres señaló que tres columnas armadas de las disidencias de alias “Iván Mordisco” como la Dagoberto Roberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, continúan reclutando menores y violando abiertamente el derecho internacional humanitario.
A estos grupos, dijo, se les hizo un llamado directo a detener el reclutamiento mediante la proclama “Alto ahí”.
La directora confirmó que en todas las mesas de diálogo del Gobierno con grupos armados está pactado como primer punto que ningún menor de 18 años puede hacer parte del conflicto. El ICBF participa como verificador, acompañante de las comunidades y caracterizador de las vulneraciones de derechos en contextos de conflicto.
Bombardeos y presencia de menores
Frente a los cuestionamientos sobre bombardeos a campamentos donde podría haber menores, Cáceres reiteró la postura de la Comisión Intersectorial (CIPRUNA) sobre que ningún niño debe morir en la guerra.
La directora reiteró que muchos menores son obligados a permanecer en los grupos pese a querer huir, una práctica que constituye retención ilegal.
Pese a que el 90% de los menores que ingresan al programa del ICBF lo hacen por voluntad propia, escapando de los grupos armados, el miedo de las comunidades genera subregistros y dificulta una protección estatal más amplia.
