La Defensoría del Pueblo se refirió al escándalo que rodea a las disidencias de alias ‘Calarcá’ que está en un proceso de paz con el Gobierno y sus presuntos vínculos con miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado.
Esta entidad pide claridades frente a la suspensión de las órdenes de captura en medio de los diálogos y pide acciones reales de paz porque la realidad es una expansión territorial y un mayor control sobre la población civil en zonas como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo. Continúa el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de alias ‘Calarcá’ e incluso haciendo una justificación de este delito.
“La paz es un camino humanista, y le da al presidente de la República amplias facultades con la finalidad única de facilitar el desarrollo de los procesos de paz y lograr la terminación de la violencia armada. Entre ellos, se encuentra la facultad de suspensión de órdenes de captura. La valoración que haga el presidente del uso de esta facultad obliga a que se establezcan todos los protocolos y garantías para evitar que la suspensión de órdenes de captura sea usada para fines distintos al fin de la violencia y la consecución de la paz”.
La Defensoría del Pueblo llama al presidente Gustavo Petro a evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados ilegales que están en diálogos porque es necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz, en particular una reducción efectiva de las afectaciones a la población. Para ello, resulta indispensable contar con herramientas sólidas de monitoreo y verificación de los acuerdos humanitarios.
“Hoy enfrentamos dos imágenes contrapuestas del proceso con las disidencias de alias ‘Calarcá’: La que muestran las decisiones formales de la mesa de diálogo y la que revela la realidad en los territorios. ¿A cuál debemos darle mayor credibilidad? En el papel, este grupo se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Incluso ha realizado gestos como la liberación de personas secuestradas”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el sufrimiento de la población civil en zonas de influencia de las disidencias de alias ‘Calarcá’ no puede continuar mientras que sobre el proceso de conversaciones crecen las dudas.
“Por otra parte, algunos voceros del grupo armado, con roles de liderazgo y participación en el proceso de paz, han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de armas. En este contexto, solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación acordado en el último ciclo permitirá establecer si los compromisos asumidos se reflejan en hechos reales”.
Esta entidad les pide a las autoridades celeridad frente a las investigaciones y sugiere evaluar el retiro de la función de las personas que pudieran estar comprometidas en los presuntos hechos de corrupción.
