La Industria Militar, INDUMIL, salió al paso de las versiones que mencionan al “director de Indumil” en una reunión destinada a “montar una empresa de seguridad legal” que favorecería a integrantes de las disidencias.
A través de un comunicado oficial, la entidad rechazó la información y aclaró sus funciones, competencias y procedimientos.
En primer lugar, precisan que su misión está exclusivamente orientada a la producción y comercialización de armas, municiones, explosivos y accesorios.
En ese sentido, recalcaron que no tienen ninguna participación en la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada, ni realiza gestiones o asesorías en ese ámbito, ya que las versiones que circulan apuntan a un vínculo con disidencias para crear empresas de seguridad fachada.
También explicaron que la adquisición de armas por parte de compañías de vigilancia privada es un proceso regulado, que involucra a varias entidades independientes de INDUMIL.
Entre ellas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encargada de la validación previa de las empresas, y el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) del Comando General de las Fuerzas Militares, la única autoridad autorizada para expedir permisos de adquisición, porte y tenencia.
INDUMIL interviene únicamente en la fase final del proceso, con la facturación y entrega del material, una vez se verifica la existencia del permiso válido. Según la entidad, esta estructura garantiza la trazabilidad y la independencia entre los actores involucrados, además de blindar cada operación comercial.
¿Qué dicen sobre la relación con las disidencias?
En relación con las versiones que hacen referencia a un presunto “jefe guerrillero” mencionando al “director de Indumil”, la empresa aclaró que dicho cargo no existe dentro de su organización, pues es Presidente el que maneja la compañía.
Además, aseguran que no se mencionó el nombre del actual presidente de la entidad, lo cual, a juicio de INDUMIL, genera asociaciones imprecisas que podrían inducir al público a conclusiones erróneas sin sustento verificable.
La institución enfatizó que su presidente no ha sostenido reuniones, recibido solicitudes ni participado en actividades relacionadas con organizaciones al margen de la ley.
Reiteró que tampoco ha autorizado o delegado a funcionario alguno para asistir a encuentros con estos grupos armados ilegales.
