En un comunicado de 5 puntos la Dirección de inteligencia se refirió una vez más a la posible interceptación de comunicaciones, que según denuncias iría dirigida a Magistrados por parte de organismos de inteligencia. Según la DNI, de acuerdo con sus funciones legales las actividades de inteligencia y contrainteligencia se realizan en el “marco del respeto a los derechos humanos, con eficacia y eficiencia, garantizando la protección al régimen democrático y el orden constitucional”.
Por ello, insisten en que es claro que “no existe habilitación legal para interceptar comunicaciones en el marco de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realice Dirección Nacional de Inteligencia”.
Además, explican que la Inspección General adelantó una verificación relacionada con la posible interceptación de comunicaciones dirigida a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de organismos de inteligencia, entre ellos, la Dirección Nacional de Inteligencia.
En dicha inspección se analizaron los lineamientos y políticas institucionales para la adquisición y uso de medios tecnológicos; “se verificó las herramientas tecnológicas adquiridas por la entidad; se inspeccionó cada uno de los locales de inteligencia ubicados en Funza y Bogotá, y se determinó las capacidades humanas, técnicas y tecnológicas con las que cuenta la entidad”.
Tras este análisis, la entidad aseguró que no hay evidencia de que cuenten con equipos de interceptación a dispositivos de comunicaciones “tradicionales o encriptados”.
“Se verificó en el repositorio de la entidad, que no existe información relacionada con los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; descartó la presunta realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia en un edificio ubicado en la 92 con 11 en esta ciudad y descartó perfilamientos a Altos Dignatarios de la Justicia”, agrega el comunicado.
La entidad explicó que de acuerdo con el señalamiento realizado por el Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, en relación con la posible interceptación de sus dispositivos “la Inspección General dispuso abrir la verificación respectiva. Misma situación se predica de los Altos Dignatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, que han advertido idéntica preocupación”.
Finalmente, explicaron que la Inspección General está desarrollando una verificación, a fin de establecer si la Dirección Nacional de Inteligencia tuvo injerencia, directa o indirecta, en la supuesta adquisición por el Gobierno Colombiano del malware de espionaje Pegasus.
Esto, con ocasión de la publicación del periódico Israelí Haaretz del 26 de marzo de 2024, donde se afirma que la adquisición se habría realizado en el año 2020, a través de la empresa NSO Group, por un valor de 13 millones de dólares. La Inspección General, adicionalmente, dispuso compulsar copias de dicha información ante la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.
