En la mañana de este 24 de noviembre el general en retiro y exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, se entregó voluntariamente en las instalaciones de CESPO en el norte de Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra, al encontrarlo culpable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
La Sala Especial de Primera Instancia lo condenó a pagar 7 años y 1 día de prisión luego de comprobar que en 2014 solicitó a la fiscal especializada, Sonia Lucero Velásquez Patiño que suspendiera la orden de captura en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
Respecto a esta orden de captura inmediata, dos de los tres magistrados de la Sala de Primera instancia estuvieron de acuerdo, no obstante, el magistrado ponente Jorge Emilio Caldas, salvó su voto.
Oposición a la captura inmediata
Para Caldas, la privación de la libertad antes de que la sentencia quede en firme exige una motivación “clara, suficiente y fundada en criterios constitucionales”, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Señaló que la decisión mayoritaria, al justificar la captura con base en la gravedad de la conducta y el mensaje a la sociedad, termina creando “una subregla generalizada” que permitiría ordenar detenciones inmediatas en prácticamente todos los casos penales, desconociendo tendencias recientes de la Sala de Casación Penal, que han permitido que los condenados permanezcan en libertad hasta la ejecutoria de la sentencia.
En ese sentido, para Caldas, en el caso de Palomino no se cumplen los criterios que justificarían una restricción anticipada de la libertad. Resaltó que el exdirector de la Policía Nacional no es servidor público desde hace más de una década, no registra conductas delictivas recientes, no causó daño material con los hechos imputados y colaboró plenamente con las autoridades durante todo el proceso.
Además, para el magistrado, Palomino cuenta con arraigo familiar y social, y no existen elementos que indiquen riesgo de fuga.
Rodolfo Palomino intervino para que no capturaran a un empresario
En el desarrollo del juicio, la fiscal Sonia Velásquez, denunció que Palomino en el año 2014 le pidió “el favor” de no capturar a “una de las 14 personas” que estaba investigando.
Esa persona era el empresario, Luis Gonzalo Gallo, quien fue señalado por el despojo de tierras en el Urabá, Antioqueño.
La fiscal grabó como Palomino, le pedía que no capturara Gallo, uno de los argumentos que se logran escuchar es: “(él es) amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial”.
No obstante, el general (r) ha dicho en repetidas ocasiones que efectivamente esa reunión existió, sin embargo, fue malinterpretada por la fiscal, pues según lo manifestó Palomino la intención era participar en la operación.
Según la Corte, Palomino utilizó indebidamente su cargo para tratar de influenciar a una fiscal.
“Atentó contra el Estado que representaba y causó así una defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la funcionaria judicial indebidamente influenciada, quien nunca esperó una injerencia del procesado en asuntos de su competencia y mucho menos como máximo dirigente de la Policía Nacional», indica la Corte.
