Los migrantes venezolanos que fueron deportados y enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron torturados, sufrieron violencia sexual y eran golpeados casi a diario en el Centro de Confinamiento del Terrorismo donde estuvieron recluidos cuatro meses, según revela hoy Human Rights Watch.
“La administración Trump fue cómplice de tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos”, asegura HRW.
El informe titulado “Llegaron al infierno” revela que “los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías sino violaciones sistemáticas de derechos humanos”.
La investigación fue publicada en conjunto con la ONG centroamericana Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio al denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos.
Entre marzo y septiembre de 2025, los investigadores entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a otras 150 personas, incluidos sus familiares, abogados y allegados.
Torturas y violencia sexual
Según HRW, los detenidos permanecieron en un “régimen de incomunicación”, alimentación inadecuada y condiciones precarias de higiene.
Además, tres venezolanos contaron que fueron víctimas de “violencia sexual” en esa megacarcel. Uno incluso reveló que cuatro guardias abusaron de él y lo obligaron a practicar sexo oral con uno.
Una de las conclusiones de la investigación es que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían sentencias judiciales y solo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento.
EE.UU. cómplice de desaparición forzada
El informe acusa a ambos gobiernos de incurrir en el delito de “desaparición forzada” según el derecho internacional. Durante la reclusión, las dos ONGs. HRW y Cristosal. solicitaron información sobre las detenciones a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, pero no obtuvieron respuesta.
Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria de estas personas en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre sus deportaciones.
También corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.
