El más reciente Dateo Mensual de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza el comportamiento de la confrontación armada entre enero y septiembre de este año, revela que la violencia en Colombia no solo se mantiene en ascenso, sino que ya superó las cifras registradas durante todo el 2024.
El informe advierte que tanto la ofensiva de la Fuerza Pública como las disputas entre grupos armados ilegales han alcanzado niveles no vistos en los últimos años, lo que ha generado un impacto humanitario profundo en distintas regiones del país.
Escalada en la confrontación armada
De acuerdo con la FIP, las acciones militares del Estado contra estructuras armadas ilegales se dispararon un 56,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 185 acciones directas de la Fuerza Pública, cifra que ya supera la totalidad de operaciones reportadas en 2024.
Pero el aumento no se limita a la respuesta estatal. Las disputas entre grupos ilegales también se intensificaron, con un incremento del 40,6% en los enfrentamientos por el control de territorios y economías ilícitas. Este doble repunte de violencia ha profundizado la crisis en zonas rurales donde confluyen disidencias de las FARC, el ELN y grupos vinculados al narcotráfico.
Impacto humanitario en cifras rojas
El aumento de la confrontación ha dejado una huella grave sobre las comunidades, que sufren confinamientos, desplazamientos masivos y ataques a servicios esenciales.
Según el informe, 119.205 personas fueron afectadas por confinamiento forzado, frente a las 102.123 registradas el año pasado, lo que refleja una creciente restricción de movilidad y control territorial por parte de actores armados.
El fenómeno más crítico, sin embargo, es el desplazamiento forzado, que casi se duplicó en comparación con 2024.
En los primeros nueve meses del año, 84.582 personas tuvieron que abandonar sus hogares, un aumento del 95,3% respecto al mismo periodo anterior.
Además, la violencia ha alcanzado al sector salud: los ataques a misiones médicas pasaron de 20 a 31 casos, poniendo en riesgo la vida del personal sanitario y limitando el acceso a atención médica en zonas de conflicto.
Un llamado urgente a la acción del Estado
La FIP advierte que estos resultados “exigen una atención prioritaria e integral del Estado” para contener la escalada de violencia y mitigar las graves consecuencias humanitarias.
