Caracol Radio conoció un documento con el que la Presidencia de la República defendió ante el Consejo de Estado un polémico decreto que ha sido demandado en varias oportunidades.
El decreto 799 ha generado controversia en diversos sectores, pues le quita la competencia exclusiva al Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas en contra del Presidente de la República y permite que estos recursos sean analizados por los jueces de circuito.
En su contestación a la demanda, la Presidencia argumenta que el Decreto 799 no introduce nuevas reglas de competencia judicial, ni viola la reserva de ley estatutaria, ni quebranta la separación de poderes.
No hay desviación de poder
En el documento que hace parte del expediente de la demanda, se niega que exista una desviación de poder en la expedición.
En ese sentido explican que entre el 2023 y el 2025 se han presentado 425 tutelas en contra del presidente, de las cuales en tan solo 40 se han emitido fallos desfavorables.
“De este universo, en 40 procesos se han reportado órdenes desfavorables, lo que arroja una tasa de incidencia aproximada de 9,41 % (40 ÷ 425 × 100). Dicho de otro modo, en más del 90 % de los expedientes no se han emitido órdenes adversas“, indica la Presidencia.
Con esas cifras, la defensa del presidente segura que no se busca desviar el poder sino que por el contrario se busca descongestionar el sistema.
“Con esta claridad, el resultado empírico —planteado aquí de manera complementaria y sin sustituir la carga probatoria de la parte actora— confirma que no existe un incentivo racional para “sustraer” el control judicial del Consejo de Estado mediante una regla de reparto. Por el contrario, desde la experiencia práctica, se desvanece la hipótesis de un móvil desviado atribuible al Ejecutivo», dice la defensa.
La Presidencia sostiene que lo que se busca es racionalizar el trámite de las acciones de tutela y garantizar un acceso más eficiente a la justicia para los ciudadanos.
«Al trasladar la competencia a los jueces de circuito, se busca descongestionar el Consejo de Estado y agilizar la resolución de los casos», indica el documento conocido por Caracol Radio.
La demanda de Cabal
La senadora María Fernanda Caba, en su demanda, argumenta que el Decreto 799 vulnera el derecho fundamental al acceso a la justicia, al modificar la competencia para conocer de las acciones de tutela sin la debida justificación. Además, alega que el decreto podría afectar la independencia judicial y la separación de poderes.
La controversia en torno al Decreto 799 ha generado un amplio debate en la opinión pública y en el ámbito jurídico. Mientras algunos sectores lo consideran una medida necesaria para modernizar el sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia, otros lo ven como un ataque a la independencia judicial y una amenaza para los derechos fundamentales.
