La Corte Constitucional emitió un nuevo auto de seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, en el cual ordena a entidades del Estado adoptar medidas urgentes, coordinadas y financiadas para prevenir riesgos y proteger la vida e integridad de la población firmante del Acuerdo Final de Paz, así como de líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades vulnerables.
En ese sentido, la Corte subrayó la necesidad de que el Estado responda con acciones reales y no solo con diagnósticos o planes abstractos. La Sala Especial fue enfática al afirmar que la prevención no puede depender de la voluntad política del momento, sino que debe consolidarse como una política pública estructural y financiada.
La Sala Especial de Seguimiento exige a instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, y entidades territoriales, diseñar e implementar planes de acción exigibles en plazos de entre 15 y 40 días, con medidas concretas que deben ejecutarse de forma inmediata.
Entre las principales órdenes están:
- Fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, integrando nuevas variables de riesgo para la población firmante de paz.
- Crear canales efectivos de intercambio de información entre la Defensoría, la UNP, la Fiscalía y otras entidades para mejorar la prevención.
- Reorientar y reglamentar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para garantizar respuestas oportunas ante amenazas estructurales o inminentes.
- Diseñar una guía nacional que oriente los planes territoriales de respuesta con criterios de coordinación entre nación, departamentos y municipios.
- Asegurar la financiación progresiva y sostenible de las medidas de prevención, con respaldo presupuestal nacional y territorial.
Firmantes de paz y municipios más vulnerables en el país
El alto tribunal hace énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, reconociendo que al menos 79 alertas tempranas han sido priorizadas por la Defensoría del Pueblo en sus territorios. Muchos de estos municipios presentan altos índices de pobreza, pertenencia a categorías 5 y 6 y fuerte dependencia de transferencias nacionales.
Por ello, se exhorta al Congreso de la República a tener en cuenta estos criterios en el diseño de la nueva ley que desarrollará el Acto Legislativo 03 de 2024, con el fin de garantizar competencias claras y recursos suficientes para las entidades territoriales.
