El abogado Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro Burgos pide replantear la permanencia de la fiscal Lucy Marcela Laborde al frente de las investigaciones contra el hijo del presidente Gustavo Petro por supuesto lavado de activos, enriquecimiento ilícito – proceso por el cual esta a punto de enfrentar un juicio oral-, y la nueva imputación programada para el 1 de octubre por irregularidades en contratación cuando fue diputado del Atlántico.
En un oficio de cinco páginas dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, Carranza cuestiona las denuncia que hizo la fiscal Laborde el pasado 22 de septiembre por presuntas presiones indebidas en el caso del exdiputado, en el que sintió afectada su independencia y autonomía.
“Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional. Una cortina que pretende sofocar a las autoridades encargadas de escrutar sus actuaciones, para que no puedan ver lo que realmente se cocina en despachos que, en vez de estar consagrados a la persecución del delito y a la protección de las víctimas, parecen orientados a salvaguardar intereses particulares y a preservar testigos a cualquier precio», dijo Carranza.
El penalista también advirtió en la misiva que la fiscal Laborde estaría beneficiando con sus decisiones la aspiración política de la precandidata presidencial, Vicky Dávila.
“Si lo que ella invoca es la protección de su independencia, esa independencia debe asegurarse de manera coherente: que continúe únicamente en el caso de enriquecimiento y lavado, pero que cualquier otra investigación sea asumida por otros fiscales. De nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura (Ojeda) para asegurar impunidad a Dayssuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes. Esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.
Precisamente, Carranza también denuncia un supuesto sesgo en la priorización procesal.
“Mientras las imputaciones contra Nicolás (Petro) se aceleran, las denuncias que comprometen a Dayssuris Vásquez, a Victoria Eugenia Dávila y a la propia fiscal Laborde permanecen estancadas”.
