El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad contra el decreto 33 del 17 de enero de 2025 expedido por los Ministerios de Agricultura y Justicia que busca agilizar los procedimientos de negociación directa para la adquisición de predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La Fundación para el Estado de Derecho, indica que este decreto modificó de manera sustancial el régimen de adquisición de predios rurales, alteró la operatividad del servicio público registral en zonas de reforma agraria y reintrodujo la opción privilegiada de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“Entre otras medidas, impuso a los particulares de municipios priorizados la obligación de informar a la ANT sobre cualquier negocio de compraventa o promesa de venta de predios con áreas superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares, con lo que habilita al Estado para interrumpir o desplazar la libre negociación entre particulares y ejercer de manera preferente su derecho de adquisición”, indicó la Fundación.
Posibles expropiaciones denunciadas por la FED
En la demanda se resaltan supuestas violaciones al derecho de propiedad, al debido proceso, al principio de publicidad y a la confianza legítima.
“Se advierte que el decreto creó procedimientos y facultades expropiatorias sin respaldo legal del Congreso. También señala irregularidades en su expedición, pues la consulta pública se redujo a solo cuatro días —cuando la ley exige un mínimo de quince— y se realizó sin garantizar una participación ciudadana efectiva», indican los demandantes.
Asimismo, dice que se invaden competencias de entidades técnicas como la Superintendencia de Notariado y Registro y advierte que el decreto impone trámites forzosos sin ley previa, elimina garantías registrales y genera un escenario de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
