La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó la versión de 25 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por esa estructura en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Meta, Vichada y Vaupés.
Durante ocho días de audiencias, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre en Bogotá, los comparecientes respondieron por hechos como desapariciones forzadas, homicidios, masacres, atentados, tomas guerrilleras y ataques indiscriminados contra la población civil y la Fuerza Pública.
Reconocimientos ante la magistratura
Los excombatientes aportaron información sobre algunos de los ataques más recordados del Bloque Oriental:
- Toma de Miraflores, Guaviare (1998): secuestro de 129 uniformados, asesinato de 12 civiles y desplazamiento masivo.
- Toma de Mitú, Vaupés (1998): asesinato de 16 policías, 24 militares y 12 civiles, y secuestro de 61 uniformados.
- Tomas a Cravo Norte, Arauca (1998-2000): incursiones armadas que dejaron heridos, incluidos menores de edad.
- Caballo bomba en Chita, Boyacá (2003): ocho personas asesinadas, entre ellas un niño de dos años y un concejal, además de 30 heridos y viviendas destruidas.
Para ilustrar sus acciones, los comparecientes utilizaron mapas y maquetas, y reconocieron públicamente el daño causado a las comunidades.
Participación de las víctimas
Un total de 83 víctimas participaron de manera virtual en las diligencias, escucharon las versiones en tiempo real y realizaron preguntas a través de sus representantes. La JEP garantizó la reserva de las audiencias para proteger la intimidad de los afectados.
Próximos pasos
Las versiones serán trasladadas a las víctimas, quienes podrán presentar observaciones y contradicciones a lo expuesto por los comparecientes. Posteriormente, la JEP contrastará esas versiones con los informes de la sociedad civil, investigaciones de la Fiscalía y otros aportes para determinar quiénes son los máximos responsables de los crímenes y el alcance del daño causado.
El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, subrayó que se espera de los excombatientes “aportes exhaustivos, completos y verificables a la verdad”, como condición para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional.
Con esta diligencia, la JEP continúa el esclarecimiento de los crímenes más graves y representativos cometidos por las Farc-EP, los cuales no pueden ser objeto de amnistía ni indulto.
