La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia mostró su preocupación por el proyecto de ley 193 del 2025 del Senado, que pretende desarrollar el derecho fundamental al acceso a internet y consagrar el internet fijo como servicio público esencial.
La iniciativa, presentada por el Ministerio de las TIC, en su artículo 10 habla del fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio, planteando la inclusión de “facultades de policía administrativa y toma de posesión, para fines similares en la normativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
Por ello, la congresista de oposición afirmó que “lo que está pasando con el nuevo proyecto del gobierno es gravísimo, porque lo que pretende es darle facultades al Ministerio TIC para que pueda sancionar y prácticamente tomar posesión de los medios de comunicación a seis meses de elecciones. Aquí estamos denunciando un peligro para la estabilidad y la libertad de los proveedores”.
Además, ha dicho que la iniciativa “quiere una mini reforma tributaria que le quita a los colombianos que usan internet más de $400 mil millones, dizque para pagar subsidio. Pero lo grave es que el fondo TIC tiene $1.2 billones, de manera que no se necesitaría”.
¿Qué ha dicho el Gobierno sobre estas críticas?
El ministro de las TIC, Julián Molina, le salió al paso a las preocupaciones expresadas por la senadora uribista y aseguró que no se tiene la intención de tomarse medios de comunicación. “El artículo 10 del proyecto Internet Solidario no regula contenidos ni medios. Las facultades permiten al MinTIC tomar medidas en casos de inoperancia de proveedores de infraestructura de redes o telecomunicaciones para asegurar que el derecho fundamental de acceso al internet siempre llegue a los colombianos, tal como ocurre hoy con otros servicios públicos esenciales”.
El ministro aclaró que “la infraestructura de internet se refiere a las redes y equipos que hacen posible que el servicio funcione correctamente”, enfatizando en que “en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, este artículo incluye a los medios de comunicación ni a sus contenidos, ni lo hará. La norma está expresamente concebida para proteger la infraestructura crítica que garantiza el derecho de los colombianos a acceder a Internet”.
Sobre la supuesta mini reforma tributaria, explicó también que “el proyecto corrige una desigualdad digital: hoy, una familia de estrato 1 paga lo mismo por el servicio de internet que una de estrato 6. La contribución propuesta permitiría garantizar el acceso a 1,5 millones de familias que hoy no pueden conectarse por falta de capacidad de pago, y sólo representa en promedio $22.000 mensuales para los estratos 5 y 6. No se trata de una mini reforma tributaria”.
Detalló además el funcionario que “estos recursos no ingresan al Estado, sino que serían gestionados directamente por los operadores para subsidiar el servicio a los hogares más vulnerables. En cuanto al Fondo TIC, gran parte de sus recursos ya se destinan al despliegue de infraestructura. Pero la conectividad no se resuelve solo con cobertura: si las familias no pueden pagar el servicio, la brecha digital persiste”.
