El secretario de Defensa, Pete Hegseth, jefe del ahora denominado Departamento de Guerra, se trasladó a Puerto Rico en momentos en que diez aviones caza F-35 fueron desplegados en la zona y ocho buques de guerra se encuentran en distintos puntos del sur del mar Caribe, uno de ellos frente a las costas de la isla.
A bordo del buque USS Iwo Jima, Hegseth aseguró a los militares e infantes de marina que no fueron enviados para entrenamiento, sino para cumplir una crucial misión antinarcóticos. “Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, dijo Hegseth.
Agregó que “quien ama y anhela la paz debe prepararse para la guerra”. Dijo que otras personas se encargaran de que el mensaje diplomático llegue, pero el presidente Trump lo ha encomendado para tener el ejército más capaz y preparado del mundo.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al líder del Pentágono a su llegada a la isla. “Agradecemos a Trump y a su administración por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los cárteles de la droga en nuestro hemisferio, perpetrados por el narcodictador Nicolás Maduro”, dijo la republicana González.
La administración Trump no sólo concentra sus esfuerzos de seguridad en el Caribe, sino también dentro de Estados Unidos. Las operaciones de control migratorio se intensifican en ciudades como Chicago y Boston.
“En los últimos dos días en Boston hemos arrestado lo peor de lo peor…Espinosa un emigrante ilegal de 30 años de Colombia con cargos de agresión agravada contra una mujer embarazada”, dijo Tom Homan, “zar de la frontera”, mientras nombraba otros migrantes latinos detenidos, agregó que “estamos yendo a las comunidades para arrestarlos”.
La Casa Blanca también retoma su ofensiva en Los Ángeles, después de que la Corte Suprema bloqueara el fallo de una jueza federal que restringía la capacidad de los agentes federales para realizar detenciones migratorias en el área de Los Ángeles. Una decisión que marca la última escalada entre la administración Trump y las llamadas “ciudades santuario” lideradas por demócratas, que restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
