La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la compleja situación administrativa y financiera que enfrenta la Nueva EPS. Esta advertencia surge tras la revisión de información obtenida en el marco de una operación judicial, que evidenció irregularidades y dificultades que podrían afectar el funcionamiento de la entidad y la calidad del servicio a los usuarios.
La información corresponde a la vigencia de 2022 al primer semestre del presente año de acuerdo con el reporte dado a conocer por el organismo de control fiscal. Durante el procedimiento se recaudaron 4.524 archivos que contienen la información relacionada con los componentes técnicos-asistencial, administrativo, jurídico y financiero de la EPS.
En el reporte se establece que se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS.
También se evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones.
Así mismo, con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados.
En materia de facturas pendientes por procesar, la Contraloría encontró que a la fecha existen más de 22.7 millones de registros por un valor de $22,1 billones. Se identificaron 9.1 millones de facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones, por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13.2 billones pendientes por procesar.
Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1% corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9% restante al primer semestre de 2025, esto indica que el 97% de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS. Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras, debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes.
Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5.2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios.
Finalmente, la contraloría detectó un incremento en las cuentas por pagar en la nueva EPS y problemas en las reservas técnicas.
