El Consejo de Estado accedió a una medida cautelar en medio de una demanda contra la directriz 11 de la Presidencia que buscaba destinar el 33% de la pauta oficial para los medios alternativos y comunitarios.
En ese sentido la corporación suspendió esa directriz al encontrar que se podrían vulnera principios esenciales de la contratación como la selección objetiva, igualdad, libre competencia y reglas anticorrupción.
«El Despacho encuentra que, en efecto, la directriz consistente en que se procure la contratación de una parte del presupuesto de las autoridades del orden nacional para determinados fines y con determinados sujetos viola el deber de selección objetiva, así como los principios de igualdad, libre competencia y la ley anticorrupción respecto de los lineamientos frente al presupuesto que se destina a la publicidad de entidades del orden nacional y territorial“, indica la suspensión.
La Fundación para el Estado de Derecho, indicó que esta decisión se da en un contexto de crecientes denuncias sobre el uso de la pauta estatal para financiar encuentros con influenciadores, en lugar de fortalecer de manera real y sostenible a los medios comunitarios.
“Imponían la contratación con un grupo específico de contratistas, lo cual restringía la posibilidad de elegir una propuesta realmente favorable para el interés general, que es lo que busca la contratación pública y con recursos públicos”, dijo Andrés Caro, director de la Fundación.
Aseguran los demandantes que es necesario fortalecer los medios alternativos como los influenciadores y los medios comunitarios como las emisoras y los canales de televisión regionales, pero esto no quiere decir que se pueda tener un acceso privilegiado a la contratación pública en vulneración de las leyes colombianas de contratación.
