La Procuraduría General sancionó por tres meses a Alfredo Saade, jefe del despacho presidencial, por la presunta extralimitación en sus funciones en la expedición de los pasaportes en el país.
“En lo que atañe a la necesidad, la medida se encuentra satisfecha, al considerar que, de persistir en el cargo, el Jefe de Despacho Presidencial, podría eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”, dice el Ministerio Público.
El Ministerio Público confirmó que Saade no había renunciado a su cargo, pese a que el gobierno lo designó como embajador en Brasil, por lo que se hizo efectiva la suspensión en el marco de una investigación disciplinaria.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, Saade habría pedido a funcionarios de la Cancillería “retrasar” la imprenta de estas libretas mientras se concretaba el nuevo contrato con la Imprenta Nacional y Portugal.
“Se colige que el comportamiento de Saade Vergel, al emitir instrucciones, presuntamente de forma irrespetuosa, sobre la terminación del contrato con Thomas Greg, y la contratación inmediata con la Imprenta Nacional, así como respecto de la asignación de citas para la expedición del pasaporte, en concreto, en aras de racionalizar o espaciar el agendamiento, así como realizar expresiones referidas a presuntos intereses de los funcionarios de la Cancillería con Thomas Greg», dice la investigación de la Procuraduría.
Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, es necesaria la suspensión de Saade para que no influya ni en su investigación ni en el proceso de contratación que recordemos busca que los pasaportes sean fabricados por el Estado y no por la actual empresa Thomas Greg and Sons.
“En el caso puntal de la expedición de pasaportes, el disciplinable emitió instrucciones presuntamente, de manera irrespetuosa, no obstante ser informado de la inviabilidad de las mismas, razón por la que se generan objetivamente los presupuestos para considerar su posible persistencia en el comportamiento, lo que eventualmente, podría generar una crisis por la paralización, o intermitencia en la prestación del servicio“, dice el Ministerio Público.
La Procuraduría solicita al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida.
