El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de derecha, ocurrido el 11 de agosto de 2025 tras un atentado en Bogotá el 7 de junio, puso en evidencia graves fallas en su esquema oficial de seguridad.
Las investigaciones señalan vulnerabilidades críticas y posibles irregularidades en la actuación del personal de protección durante el evento.
En este orden de ideas, Caracol Radio habló con Francisco Bernate, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, para entender las implicaciones asociadas a la falta de un esquema adecuado.
¿Hay casos similares al de Miguel Uribe, frente a la deficiencia en el esquema de seguridad?
El abogado Bernate recordó que en Colombia existen pocos, pero significativos precedentes en los que el Estado ha sido responsabilizado por muertes derivadas de una protección inadecuada.
“El Estado colombiano ha sido obligado a reparar a personas que han sido asesinadas como consecuencia de una inadecuada protección a su vida y a su integridad”, dijo el abogado.
De esta forma, mencionó el caso emblemático de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos que, en 1997, denunció la colaboración entre el Ejército y grupos paramilitares en masacres en Antioquia.
Pese a amenazas explícitas, continuó su labor y fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por miembros del grupo ‘La Terraza’.
“La muerte de Valle no fue un caso aislado, sino que estuvo acompañada de omisiones graves del Estado, que conocía las amenazas que enfrentaba y no tomó las medidas necesarias”, agregó.
En este caso, la Corte Interamericana y el Consejo de Estado declararon responsable al Estado, ordenando en 2007 una indemnización a su familia por las omisiones graves frente a las amenazas conocidas.
¿La familia de Miguel Uribe será indemnizada por el Estado?
“En el caso concreto del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, son 26 solicitudes para que se protegiera su vida, que fueron desatendidas por la Unidad Nacional de Protección”, afirmó Bernate.
Aunque reconoció que hubo una acción determinante de terceros, incluyendo a un menor y a la organización criminal involucrada, enfatizó que “El Estado colombiano incurrió en una grave omisión a su deber de cumplir a esta persona, de manera que es previsible”.
El abogado mencionó que, en audiencia preliminar, ya se hizo referencia a esta responsabilidad y que es probable que los familiares y allegados del senador presenten una demanda contra el Estado colombiano, alegando la omisión frente a un candidato opositor que había manifestado reiteradamente la preocupación por su seguridad.
Aunque estos procesos suelen ser largos, Bernate consideró que existen argumentos para que el Consejo de Estado aplique precedentes similares y condene al país a indemnizar a los afectados.
¿De cuánto podría ser la indemnización y que determina este monto?
Bernate explicó que el monto de una eventual indemnización en el caso de Miguel Uribe Turbay dependerá de varios factores, entre ellos la participación de un tercero, en este caso un menor, lo que atenúa la responsabilidad directa del Estado.
No obstante, resaltó que, “hay argumentos para pensar que el Consejo de Estado puede aplicar este precedente y condenar a nuestro país a indemnizar”. Para el abogado, el aspecto económico es secundario frente a la obligación estatal de garantizar la seguridad de los integrantes de la oposición.
Subrayó que, “la parte patrimonial no es especialmente elevada, pero sí son sentencias de un altísimo contenido simbólico para nuestro país”, pues envía un mensaje claro sobre la importancia de proteger a quienes se encuentran en riesgo por razones políticas.
Finalmente, añadió que, aunque en este tipo de fallos las sumas otorgadas no suelen ser especialmente elevadas, las sentencias adquieren un alto valor simbólico, contribuyendo a reforzar la responsabilidad del Estado y la necesidad de prevenir hechos similares en el futuro.
