Las comunidades del municipio de Saravena manifestaron en un comunicado público su “profunda preocupación ante una serie de hechos que vulneran nuestros derechos y agravan aún más la crisis humanitaria que vivimos, especialmente en el contexto de la actual ola invernal”.
Aseguran en el comunicado que: “Durante el año 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó a los puntos de ollas comunitarias una dotación de utensilios e indumentaria básica con el propósito de fortalecer la respuesta comunitaria en situaciones de emergencia. Estos elementos son fundamentales para garantizar la preparación de alimentos y mitigar el hambre en nuestras comunidades más vulnerables”.
Igualmente, el escrito dice: “denunciamos que integrantes del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano han iniciado el retiro de estos elementos en diferentes puntos, argumentando que obedecen a una supuesta «orden del profe» del ELN. Esta situación ha generado temor, confusión y rechazo en nuestras comunidades”.
Así mismo se preguntan:
- ¿Quién les otorgó autoridad para disponer de bienes públicos entregados directamente a las comunidades?
- ¿Por qué se nos arrebata lo poco que tenemos para sobrevivir en medio de esta emergencia?
Dentro de la comunicación manifiestan que “según versiones recibidas por los habitantes de sectores como Puerto Nariño y Los Charos, los retiros estarían siendo ejecutados por personas identificadas como:
Johana Pinzón (Movimiento Político de Masas)
Enrique (ASONALCA)
Osvaldo Bejarano (Movimiento Político de Masas)
María Aguillón
Alexis Sierra
Ernesto Roa
Helida Lozano
Azael Torres (Presidente de Asojuntas Saravena)
Estas personas han sido señaladas por nuestras comunidades de actuar de forma intimidante, generando presión y amenazas para que entreguemos los utensilios. Aseguran representar a las víctimas y defender derechos humanos, pero sus acciones contradicen estos principios al generar temor y revictimización”.
Por último, exigen:
- Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronuncie de forma clara y oficial, y confirme si ha autorizado o no el retiro de estos bienes de las ollas comunitarias.
- Que se garantice la protección del uso colectivo y comunitario de estos utensilios, impidiendo su administración con fines políticos o intereses particulares.
- Que se investigue la actuación de los mencionados actores sociales y políticos, cuyas acciones podrían estar instrumentalizando la ayuda humanitaria en favor de prácticas clientelistas, autoritarias e incluso con señalamientos vinculados a grupos armados.
- Que las entidades de control, organismos de derechos humanos y la Procuraduría realicen seguimiento urgente, garanticen la protección a las comunidades y eviten nuevas vulneraciones.
Concluye el comunicado afirmando que: “esta es una denuncia anónima, pero legítima y urgente. Nace desde los territorios, desde las veredas, los barrios, desde quienes seguimos resistiendo con dignidad a pesar del abandono. ¡Basta ya de hambre para el pueblo y privilegios para unos pocos! Exigimos respeto, dignidad y justicia”.
