La Justicia Penal Militar y Policial de Colombia fue víctima de un ataque cibernético que afectó su infraestructura tecnológica a nivel nacional.
El incidente ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, y comprometió información pública relacionada con la configuración de servicios de red y comunicaciones, así como datos administrativos y jurisdiccionales.
Según las primeras averiguaciones técnicas, el ciberataque derivó en el secuestro de información compartida a través de servicios locales y en la nube, lo que generó un impacto considerable en la operatividad de los sistemas tecnológicos de la jurisdicción castrense.
Ante esta situación, se han activado planes de contingencia y recuperación con el apoyo de las empresas proveedoras de las tecnologías comprometidas en el hackeo.
El objetivo principal es restablecer de manera segura los servicios digitales y garantizar la continuidad de la administración de justicia.
¿Qué hacer mientras no funcionan los servicios digitales de la Justicia Penal Militar?
Mientras se supera la emergencia, la Justicia Penal puso la atención presencial en todas sus sedes judiciales del país, complementada con el uso de herramientas tecnológicas alternativas para asegurar la prestación del servicio.
Asimismo, la entidad anunció la suspensión de términos judiciales en los procesos tramitados bajo el régimen de la Ley 1407 de 2010, desde la fecha y hasta nuevo aviso.
No obstante, las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, memoriales y denuncias seguirán siendo recibidas de manera presencial en los Centros de Servicios Judiciales, fiscalías y demás sedes autorizadas.
