El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó la activación de la cláusula de escape para suspender la regla fiscal durante los próximos tres años. La decisión, según el actual ministro de Hacienda, responde a la necesidad de atender urgencias fiscales del país, incluyendo el pago de subsidios de energía, combustibles y el cumplimiento de compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero, ¿qué es exactamente la regla fiscal y qué consecuencias puede tener su suspensión en la economía colombiana? Para entenderlo, consultamos en Caracol Radio a dos exministros de Hacienda, José Manuel Restrepo y José Antonio Ocampo, quienes ofrecieron visiones detalladas y contrastadas sobre este tema.
¿Qué es la regla fiscal?
Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, la regla fiscal es una herramienta legal vigente desde 2011 que limita el déficit fiscal y el endeudamiento público en proporción al Producto Interno Bruto (PIB). Restrepo la define como una “camisa de fuerza” necesaria para evitar excesos del gobierno en el manejo del gasto público.
“Este gobierno ha tomado una decisión equivocada. No existe ningún criterio extraordinario que justifique suspenderla, como sí ocurrió durante la pandemia”, advirtió.
En cambio, José Antonio Ocampo, también exministro de Hacienda, explicó que la regla fiscal es un mecanismo de disciplina macroeconómica, que impone techos al déficit y al nivel de deuda. Además, incorpora un componente contracíclico, es decir, permite cierta flexibilidad en momentos de crisis, como la caída de los precios del petróleo o el enfriamiento de la actividad económica.
“Es una norma que ayuda a la credibilidad del país ante los mercados. Y aunque no afecta directamente a una persona, sí condiciona la salud económica general del Estado”, señaló Ocampo.
Cómo afecta al país la suspensión de la regla fiscal
En opinión de Restrepo, suspender la regla fiscal sin una justificación válida pone en riesgo la estabilidad financiera del país. El principal efecto sería la falta de control en el gasto público, lo que incrementa el déficit y la deuda, afectando la tasa de cambio y la inflación. Además, limita al Banco de la República para bajar las tasas de interés, afectando el consumo y el crecimiento económico.
“Se deteriora la confianza del mercado, sube la prima de riesgo, y se encarece el financiamiento. Eso deja menos recursos para inversión social y productiva en salud, educación y cultura”, explicó Restrepo.
Por otro lado, Ocampo alertó que ya se están viendo consecuencias en el mercado financiero. Los costos de endeudamiento han aumentado, especialmente en los títulos de deuda pública a cinco y diez años. Según él, esto significa que el país pagará más intereses, lo que reducirá el margen de maniobra del Estado en el futuro.
“Estamos ante un proceso de encarecimiento del financiamiento público. Esto puede llevar a que se destine una mayor proporción de los ingresos tributarios al pago de intereses”, afirmó.
Asimismo, Ocampo considera que esta decisión podría afectar la calificación crediticia internacional de Colombia y con ello, la posibilidad de mantener la línea de crédito flexible con el FMI, vigente desde 2009. Esta línea no tiene condicionalidades y fue clave durante la pandemia.
“Perderla sería un costo significativo para la economía del país”, subrayó.
En cuanto al gasto, Ocampo plantea que el gobierno debió hacer ajustes en lugar de recurrir a la suspensión de la regla. “Es posible mantener los gastos prioritarios y aún así cumplir con los límites fiscales, si se administra con responsabilidad”, indicó.
